Luego de conocerse de manera pública que tres contratistas de la alcaldía de Santa Marta serían beneficiarios del programa de subsidios estatales, Sisbén, en clasificación A2, que corresponde a ciudadanos en condición de pobreza extrema, a pesar de que reciben ingresos mensuales de entre $3 y $7 millones, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa para verificar la situación.
De acuerdo con las denuncias recibidas, la pareja sentimental de uno de estos contratistas sería una de las encargadas de registrar en el Sisbén a los ciudadanos que acreditan situación de vulnerabilidad para recibir los beneficios estatales y quién presuntamente estaría tras esta red de corrupción.
Entre las pruebas solicitadas por el Ministerio Público están, entre otras, los registros actualizados del Sisbén a la fecha, donde figuran los contratistas en cuestión, que evidencien además la categoría a la que estos pertenecen y los beneficios que reciben por estar allí suscritos.
También copia de los documentos de la entidad supervisada por Prosperidad Social, en los que se identifique a los funcionarios que realizaron los registros y actualizaciones de los mencionados contratistas en el sistema a sabiendas de que no ostentaban la condición de pobreza extrema que les fue asignada.
