A escasos 100 días de su administración, el gobernador Luis Alberto Monsalvo ya debe enfrentar su primera investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación, que incluyó al Cesar entre los 8 departamentos a los que les abrió proceso disciplinario por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos relacionados con la Emergencia, Social, Económica y Ecológica por el COVID-19.
Los sobrecostos en el Cesar son de más del 50% en 29 contratos que no están publicados en el sistema de compras, SECOP, por más de $13 mil millones de pesos.
“En Cesar se investigan presuntos sobrecostos de más del 50% en 29 contratos, que no están publicados en el SECOP, por más de $13.000 millones para la compra de 100 mil mercados, que comparados por un veedor ciudadano en grandes superficies habrían costado 50% menos de lo que le están cobrando a la gobernación”, dijo el jefe del Ministerio Público.
En redes sociales el primero en denunciar posibles irregularidades en los mercados fue el exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales quien dijo a través de su cuenta de Twitter que unos pequeños mercados con escasos productos los estaría cobrando la Gobernación del Cesar por un costo de 120 mil pesos.
La denuncia desencadenó una serie de comentarios de personas molestas, debido a que hay muchas familias pasando hambre a raíz de que la cuarentena por el COVID-19 no les permite salir a trabajar y ‘rebuscarse’ la alimentación diaria.
Los diputados de la oposición Ricardo ‘Quintín’ Quintero y Claudia Zuleta también hicieron sentir su voz de protesta y a través de sus redes sociales se manifestaron.
“¡Qué horror! La corrupción no para, no perdona cuarentena ni emergencia social, ¡Qué tristeza! Esperamos respuestas prontas de los entes de control que está no sea una más de las investigaciones sin resultados”, dijo a través de su cuenta de Instagram, Claudia Zuleta.
Mientras que Quintero aseguró en su cuenta de Twitter “Nos tomamos el trabajo de hacer el mismo mercado que entrega la gobernación del Cesar a familias vulnerables; oh sorpresa, lo que costó $81.250 (en un almacén de cadena al detal, ojo!) a ellos les cuesta $120.000. Pregunto: ¿A qué bolsillo van a parar estos sobrecostos?
Al procurador Carrillo le parece inaudito e infame que además de los escasos recursos, los pocos que hoy hay, los estén utilizando para convertirlos en botín de la corrupción.
