La Procuraduría General de la Nación denunciará ante la Fiscalía General los hechos que quedaron registrados en un video publicado en redes sociales, sobre la entrevista que Fabio Zuleta Díaz, director del programa radial “Buenas tardes con Fabio”, que se emite por el Sistema Cardenal en Valledupar, le hizo a un indígena guajiro, a quien identificó como Roberto, sobre la venta de 3 tres mujeres de la etnia wayúu, entre ellas una joven virgen.
Así mismo, solicitará que se investigue lo que afirma el llamado ´palabrero´, serían prácticas ancestrales en varias regiones de La Guajira como Uribia, Maicao, Cabo de la Vela, Media Luna y Riohacha, sobre la comercialización de “chinitas”, como despectivamente se refieren a las mujeres wayúu.
Estas conductas pueden constituir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y doméstica, en el que terceros se ponen de acuerdo para captar, trasladar y acoger mujeres wayúu, con el fin de entregarlas para fines sexuales y de servidumbre a cambio de dinero.
“Hechos como estos deben ser investigados y castigados penalmente, independientemente de que los involucrados en la comisión del delito sean hombres indígenas. Hechos como estos vulneran los derechos humanos de las mujeres, principalmente su dignidad, al ser tratadas como mercancía para la venta, atentando también contra su libertad e integridad sexual, su salud sexual y reproductiva, su autonomía personal y en general el derecho a una vida libre de violencias”, advirtió el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez.
“Estas prácticas de compra venta de seres humanos para explotación sexual son una aberrante forma de esclavitud moderna, aceptada y naturalizada, incluso por el medio de comunicación Sistema Cardenal 1050 A.M. Valledupar, que transmite el programa, razón por la cual hemos solicitado al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones verificar si desde el Sistema Cardenal de Valledupar, dónde Zuleta Díaz tiene una concesión, se está brindando una correcta y adecuada prestación del servicio, con apego a la Constitución y a la ley”, insistió el jefe del Ministerio Público.
Colombia como suscriptor de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW -, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, debe luchar incansablemente por erradicar toda forma de violencia, desincentivar la demanda de explotación sexual y castigar todo tipo de comercialización del cuerpo de niñas, adolescentes y mujeres.
“El atroz hecho que presenta el video, donde se acuerda cobrar hasta 5 millones de pesos por una mujer indígena, exhibe solamente una parte de la realidad que viven muchas niñas, adolescentes y mujeres en el país, sobre quienes los hombres han tomado el control para vender y comprar sus cuerpos en un macabro juego de oferta y demanda, donde poco o nada importan los derechos, la integridad y dignidad de las mujeres”, afirmó el Procurador General, para quien la naturalidad con la que Zuleta Díaz y su interlocutor acuerdan la compraventa de las mujeres, como si se tratase de compra venta de animales o cosas, debe ser un hecho censurado por la sociedad al unísono.
El diálogo entre Zuleta y su invitado registra una de las formas de violencias contra niñas y mujeres por el hecho de serlo y así mismo, confirma que la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y mujeres es una realidad mundial, que en nuestro país es invisibilizada, naturalizada y legitimada, donde, además, la dignidad humana pareciera pasar a un último plano, en un mundo donde las relaciones desiguales de poder basadas en el sexo, oprimen sistemáticamente a más de la mitad de la población.
La Procuraduría General de la Nación exhorta a los medios de comunicación a asumir su responsabilidad frente a los contenidos que trasmiten y la forma como se refieren y tratan a las niñas, adolescentes y mujeres y los invita a suscribir la Alianza de Medios de Comunicación del Gran Pacto de Lucha contra la Trata de Personas, liderado por la entidad, al cual se han sumado a la fecha directores de importantes medios escritos y audiovisuales en el país.
Finalmente, hace un llamado a las autoridades indígenas en La Guajira para implementar un trabajo con las comunidades de reconocimiento y respeto por los derechos humanos y dignidad de todas las personas, y para que asuman que ninguna práctica cultural o costumbre de los pueblos étnicos, puede estar por encima de la Constitución y la ley, en detrimento de la dignidad humana.
