El Ministerio Público advirtió sobre presuntas irregularidades al visitar sedes de cuatro fundaciones que distribuyeron kits de mercados.
El seguimiento a la contratación de la gobernación de Cesar hace parte de los procesos priorizados por el programa ’Transparencia para la emergencia´, que lideran la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
Investigadores de las tres entidades recogerán pruebas para el proceso disciplinario y evaluar acciones en lo fiscal y lo penal.
La Procuraduría General de la Nación le pidió al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, suspender el proceso de liquidación de 37 contratos y dos adiciones firmados para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para atender la emergencia sanitaria originada por el covid-19, hasta contar con las evidencias sobre la correcta ejecución de los $14.065.598.408 invertidos.
En comunicación al mandatario, el órgano de control precisó que en una visita realizada el 22 de abril, investigadores de la Regional Cesar evidenciaron que las sedes de las fundaciones para el Desarrollo Social de los Colombianos, Visión Caribe, Por un Vivir Mejor, y Abiezer del César, que tuvieron a su cargo la ejecución de cinco contratos para la entrega de 20.900 kits de mercado por más de $2.600 millones de pesos, se encuentran hoy desocupadas o funcionan en casas de familia, situación que genera dudas respecto a la capacidad de estos proveedores para ejecutar los negocios jurídicos.
La Procuraduría instó al mandatario regional a pedirles a los contratistas los soportes sobre la inversión de los más de $14.000 millones de pesos, en los que se discriminen los gastos en la adquisición de los mercados e insumos y los costos logísticos y de transporte. Sin la entrega de toda la información el ente territorial no podría liquidar los contratos y expedir los paz y salvo a los contratistas.
“Es importante que los contratistas y proveedores rindan cuentas, y que estas sean claras y estén debidamente soportadas para claridad de la ciudadanía respecto de la gestión de las autoridades y de sus colaboradores”, agregó.
La Procuraduría recordó que aunque la Ley 80 de 1993 faculta a los entes públicos a aplicar un régimen excepcional de contratación durante los estados de emergencia económica, social y ecológica, previa declaración de la respectiva urgencia manifiesta, las administraciones “no quedan relevadas de los deberes contractuales de vigilar la correcta ejecución del contrato, verificar que los bienes y servicios contratados respondan a la calidad, especificaciones y cantidades contratadas, así como proteger los intereses de la entidad pública y de los ciudadanos en todo momento”.
Finalmente, demandó del gobernador, que en caso de que se evidencien incumplimientos o una indebida inversión de los recursos públicos, adelante de manera inmediata los trámites sancionatorios y haga efectivas las garantías legales y contractuales en cada caso.
El seguimiento a la contratación de la gobernación de Cesar hace parte de los procesos priorizados por el programa ’Transparencia para la emergencia´, que lideran la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Investigadores de las tres entidades recogerán pruebas para el proceso disciplinario y evaluar acciones en lo fiscal y lo penal.
