La Procuraduría General de la Nación solicitó a la directora (e) de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Yolanda Martínez Manjarrez, el plan de ejecución, viabilidad y necesidades del proyecto para la recuperación ambiental del ecosistema natural del río Cesar, por posibles irregularidades en el desarrollo de la operación financiera del objeto de éste.
Lo anterior obedece a las denuncias presentadas a través de la veeduría ciudadana que puso en alerta a la entidad por posibles sobrestimación de la contratación y de la ejecución presupuestal de Corpocesar, para el proyecto ambiental de la recuperación del río.
Por tanto, el Ministerio Público verifica el Acuerdo 007 de 10 de agosto de 2021 de la Corporación que autorizó a la funcionaria a adelantar un crédito público por $ 65.000 millones, después de un estricto estudio para su capacidad de endeudamiento, con el fin de implementar acciones integrales para la recuperación del ecosistema y como un soporte para su reactivación.
A su vez, la veeduría ciudadana informó que Corpocesar, al parecer, gestionó la operación financiera para la ejecución del proyecto por $70.000 millones, con el aval del consejo directivo de la entidad, lo cual excede, además, lo establecido en el acuerdo y, presuntamente una solicitud carente de estudios y requerimientos previos.
De esta manera, la procuradora regional del Cesar, Adriana Quiñonez, insta a “conocer la puesta en funcionamiento del proyecto, el seguimiento de las acciones realizadas y su viabilidad, en caso contrario se conmina a realizar cada una de las acciones legales y reglamentarias para el correcto funcionamiento del proyecto”
