La Procuraduría General de la Nación reiteró el compromiso que le asiste, tanto al Ministerio Público como al Estado y a la sociedad en general, de apoyar y acompañar a las personas que tuvieron que vivir en el exilio como consecuencia del conflicto armado colombiano.
Así lo manifestó el procurador con funciones de Coordinación ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP -, Jairo Acosta Aristizábal, durante la entrega del informe ‘El desplazamiento forzado más allá de la frontera: aportes de las víctimas a la verdad, la justicia y la paz desde Venezuela’, presentado ante esa jurisdicción, en Bogotá, por organizaciones que agrupan a familias que fueron desplazadas hacia el vecino país.
En su intervención, el funcionario resaltó que “la gestión que debe tener la institucionalidad, y en este caso la Procuraduría General de la Nación, frente a lo que ocurrió, y sobre todo frente al futuro de las víctimas, debe ser enorme, y no puede quedarse en escenarios única y exclusivamente retóricos, sino que tiene que pasar al territorio como efectivamente buscamos hacer”.
Acosta Aristizábal reconoció la fortaleza de las víctimas, pues a pesar del destierro al que tuvieron que someterse, dan muestra de entereza con este informe presentado, en el que reflejan las difíciles condiciones de desplazamiento forzado sufridas más allá de la frontera.
