En las últimas horas la Procuraduría General de la Nación solicitó al director regional (E) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) información sobre las acciones adelantadas en el caso de la niña de 13 años que habría sido entregada por sus padres a un sujeto de 55 años quien, al parecer, pagó siete millones de pesos para llevársela a Santander y abusar sexualmente de ella.
El funcionario de ese despacho, deberá informar la fecha de apertura del proceso de restablecimiento de derechos, su estado actual y las medidas de protección adoptadas en favor de la menor de edad.
La Procuraduría también busca establecer cuál ha sido la intervención y acompañamiento psicológico por parte del ICBF para la niña y su familia.
El organismo regional deberá remitir las actuaciones de verificación de derechos por parte de las entidades competentes, y las acciones desplegadas en garantía de los derechos de la menor de edad para asegurar el efectivo abordaje y garantía de su protección integral.
De otra parte, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer solicitó al Personero Municipal de Riohacha que evalué el seguimiento e intervención administrativa adelantados por el ICBF, “garantizando el acceso a la justicia, a la no revictimización y a una vida libre de violencias para la niña y su familia”.
Por último, dada la gravedad de este caso conocido a través de los medios de comunicación, el Ministerio Público requirió a la Secretaría de la Mujer en La Guajira, un informe detallado sobre la activación de rutas de atención intersectorial, para la atención integral de violencia sexual en favor de la menor de edad involucrada.
Esta secretaría deberá enviar a la Procuraduría un Informe detallado sobre las medidas de atención brindadas por el sector salud a la niña de 13 años, de acuerdo con el protocolo de atención a víctimas de abuso sexual.
