La Procuraduría General de la Nación abrió investigación y suspendió provisionalmente por tres meses al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, por presuntas irregularidades en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad.
En la misma decisión, el órgano de control abrió investigación contra el secretario de Infraestructura y servicios Públicos Keider Freyle Sarmiento; los directores de Servicios Públicos y de Contratación, Oscar Junco Rodríguez y Ronald Neil Pérez Ojeda, así como el tesorero del municipio, Edén Elí Moscote Roys.
Al parecer, la entidad territorial inició el proceso de contratación sin tener información actualizada sobre el estado y avalúo de los bienes que se iban a intervenir durante la ejecución de las obras.
Igualmente, no detalló los trabajos que se realizarían con su debida programación, ni se efectuó un análisis sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el área rural, donde está ubicada la población más vulnerable del municipio.
El proceso contractual aparentemente no incluyó las condiciones necesarias para permitir el acceso al servicio de agua de la comunidad wayuu, quienes gozan de una especial protección constitucional y judicial en el país.
El órgano de control señalo que la matriz de riesgos al parecer no fue publicada desde el inicio, lo que ocasionó que los interesados no tuvieran el mismo tiempo que se otorgó para hacer observaciones al pliego de condiciones definitivo, razón por la cual, al parecer, habrían vulnerado los principios de transparencia, economía y selección objetiva de la contratación estatal.
El órgano de control precisó que la suspensión provisional del funcionario es procedente, en atención a “que los elementos de juicio arrimados al proceso evidencian que la permanencia en el cargo del investigado posibilita la reiteración de la falta”, toda vez que se tiene evidencia de que se adelantan otras actuaciones disciplinarias por hechos similares.
Esas circunstancias fueron advertidas por la Procuraduría en desarrollo de una acción preventiva, en la cual solicitó la suspensión del proceso mientras la administración solucionaba las falencias que se presentaban.
El órgano de control puntualizó que Bermúdez Cotes “como primera autoridad del Distrito, debía adoptar las medidas necesarias, oportunas y legales para garantizar que la prestación del servicio público domiciliario se prestara de manera eficiente y continua a toda la población, sin embargo, presuntamente hizo caso omiso a las advertencias realizadas por esta entidad”.
