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Cada inicio de año, el tema de los peajes se convierte en un foco de discusión en Colombia. Esta vez, un proyecto de ley presentado por los senadores Fabián Díaz (Alianza Verde) y Álex Flórez (Pacto Histórico) busca reformar el modelo actual de financiamiento vial, que según los legisladores ha generado un sistema inequitativo. La propuesta establece que los futuros contratos de concesión y las renovaciones deberán cumplir con una distancia mínima de 150 kilómetros entre los peajes y regular los incrementos tarifarios, con el objetivo de evitar la proliferación desmedida de estos puntos de cobro.
El proyecto de ley, que solo afectaría concesiones futuras y renovaciones de contratos vigentes, no modificaría la estructura de los peajes existentes. Según Díaz, el modelo actual fragmenta las rutas en secciones pequeñas para justificar la instalación de más peajes, lo que perjudica a los usuarios. Colombia es el país con mayor número de peajes en América Latina, con 180 puntos, superando a Brasil y México, lo que ha generado un debate sobre cómo financiar la infraestructura vial sin afectar excesivamente a los ciudadanos.
El presidente Gustavo Petro también ha expresado su preocupación, señalando que los recientes aumentos en las tarifas de los peajes son el resultado de políticas de privatización implementadas por gobiernos anteriores. Esta crítica refleja la necesidad de replantear el modelo de concesiones viales en el país.
No obstante, la propuesta legislativa ha enfrentado resistencia en el Congreso, donde ha sido rechazada en varias ocasiones debido a la falta de debate sobre el tema. El senador Díaz mencionó que algunos legisladores evitan discutir estos temas por cuestiones políticas, lo que ha dificultado el avance del proyecto.
Por otro lado, el Gobierno también ha intervenido en este debate con un decreto emitido a finales de diciembre, que autoriza el aumento de tarifas de peajes en el país.
La ministra de Transporte, María Constanza García, defendió la decisión, asegurando que los incrementos son parte de un cronograma aprobado por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), y que responden a factores como el aumento en los costos del diésel y ajustes en el transporte de carga. Esta medida ha sido recibida con críticas, generando un nuevo capítulo en el debate sobre los peajes y el financiamiento de la infraestructura vial en Colombia.
