La llegada del gobierno de Gustavo Petro se ha convertido en un reto para muchas de las líneas editoriales de los principales medios de comunicación del país, debido a las tensiones políticas que se han abierto y a las disputas por la información que los medios de comunicación han canalizado, especialmente con un gobierno que se ha plantado de manera confrontativa para ocupar el espacio de la opinión pública.
Al mismo tiempo, el periodismo en Colombia ha venido teniendo una serie de transformaciones rastreables desde hace una década atrás, en la que han emergido nuevos medios de comunicación cuyo enfoque ha sido diferente al de la prensa tradicional, enfocados en investigaciones de largo aliento y nuevas narrativas periodísticas, sustentados en el trabajo colaborativo y cuya financiación ha venido ligada a la ejecución de proyectos o a las donaciones de sus propios lectores, lo que ha independizado una buena parte de sus líneas editoriales y les ha dado mayor libertad de opinión y análisis.
Parte de estos medios emergentes, tanto a nivel regional como nacional, se han convertido en nuevos objetivos de amenazas y ataques por parte de grupos armados y otras figuras oscuras salpicadas en sus investigaciones. Por otro lado, el gobierno, a través del sistema de medios públicos y los medios privados, siguen reubicándose en la disputa por el campo de la información, por lo que los medios en el país hoy se encuentran en una encrucijada. Cuestionamientos sobre límites a la libertad de prensa, amenazas e intimidaciones, tensiones políticas, acusaciones de propaganda y el debate por la pauta marcan la coyuntura de los medios en este segundo tiempo del gobierno Petro.
No cesa la violencia contra los periodistas y los medios de comunicación
Fuente: Vorágine.
Nicolás Sánchez Arévalo, periodista de Vorágine, fue objeto de amenazas de muerte debido a sus investigaciones sobre vínculos empresariales con el paramilitarismo y el narcotráfico. El 9 de octubre de 2024, según el director del medio, José Guarnizo, Sánchez recibió una amenaza directa que fue calculada, explícita y abierta contra él y sus familiares, lo que llevó a Vorágine a suspender indefinidamente la publicación de investigaciones relacionadas con estos temas, del mismo modo que expresó su preocupación por el ambiente hostil que enfrentan los periodistas, subrayó la importancia de la solidaridad de colegas y organizaciones en estos momentos críticos y señaló la urgencia de evitar normalizar la violencia frente a la labor del periodismo.
Junto a las amenazas a Sánchez, se suma el ataque digital que algunas cuentas relacionadas presuntamente con organizaciones criminales y grupos armados —específicamente el Ejército Gaitanista de Colombia, EGC— ha realizado contra las investigaciones de Revista RAYA y El Espectador frente a sus cubrimientos sobre su expansión territorial y sus actividades en el sur de Bolívar. En septiembre de 2024, una cuenta de X (anteriormente Twitter) llamada “Gaitanistas” (@EgaitanColombia), atribuida al EGC, hizo afirmaciones en redes sociales indicando que hicieron presuntos aportes económicos a la revista.
En una editorial, RAYA rechazó haber recibido cualquier tipo de apoyo financiero de esta organización y consideró que estas declaraciones hacen parte de una estrategia de acoso y estigmatización que busca intimidar su labor periodística. Además, el EGC ha utilizado en meses anteriores potenciales tácticas de acoso judicial, a través de acciones legales interpuestas por su abogado, que han buscado silenciar a la revista mediante denuncias penales y otras presiones jurídicas.
En ese mismo sentido, la cuenta de los “Gaitanistas” ha realizado un acoso sistemático contra periodistas de El Espectador, posterior a la publicación de varios artículos donde señalaban la existencia de un plan de feminicidios en los territorios que ocupa el grupo armado, así como también han realizado hostigamientos contra El País de España, según lo reportó Baudó AP. Estos hostigamientos han sido con nombre propio, lo que aumenta el riesgo de victimización de quienes reportan y cubren estos hechos.
De hecho, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), a corte del 15 de octubre han sido amenazados 164 periodistas en el país por el ejercicio de su labor, un aumento del 24,2% en un año. Además, según Vorágine, en los últimos 21 meses han sido asesinados 5 reporteros.
Estas amenazas y hostigamientos están mostrando un nuevo repertorio de presión con el que los grupos armados buscan silenciar a los medios independientes y su labor, además de atacar la libertad de prensa.
Una de las novedades que emerge es el uso abierto de redes sociales como canal para hacer estas intimidaciones, en un escenario público y sin mayores restricciones por parte de los moderadores de estas mismas redes. Con la posibilidad de ocultarse en perfiles falsos y de hacerse indetectables, estos grupos están aprovechando la impunidad que les brindan estos escenarios para enviar mensajes directos contra periodistas y medios, al mismo tiempo que disciplinan y envían una advertencia general para quien busque escrutar sus actividades.
Por otro lado, el uso de herramientas jurídicas y legales por parte de quienes señalan ser representantes de estos grupos también ejercen desgaste sobre muchos de estos medios, aprovechando su carácter emergente y, en muchos casos, los cuestionamientos sobre sus formas de financiación o sobre su agenda editorial. Además de también influir dentro de las mismas narrativas públicas que estos medios pueden construir, al buscar llevar a la autocensura, tal como ha sucedido con Vorágine.
RTVC: los límites de la disputa por la información
Fuente: RTVC.
Una de las conclusiones que dejan estos dos años de Gustavo Petro en la presidencia es que se agudizó la disputa por los escenarios de la opinión pública y la información, en la que tanto el gobierno como los grandes medios han entrado a cuestionarse abiertamente las narrativas que cada uno elabora y construye. Ambos han querido tener el control sobre la manera en la que se informa la situación política y cómo la gente forma opiniones al respecto.
En ese sentido, el gobierno ha buscado posicionar su agenda política y su programa de gobierno desde los medios públicos, donde tiene acceso a dos emisoras con 68 frecuencias a nivel nacional, más las creadas por el punto 6.5 del Acuerdo de Paz, que le dan acceso a otras 20 más en territorios priorizados, junto con 2 canales de TV nacionales (Señal Colombia y Canal Institucional) y 2 canales regionales con incidencia en la región andina, los Llanos Orientales y la Amazonía (Trece y Trece+), acceso de estos canales radiales y televisivos en la TDT y una plataforma de streaming digital que prácticamente le da acceso al resto del territorio nacional.
Con un presupuesto de 385 mil millones de pesos para 2024, RTVC se ha convertido en una maquinaria completa centralizada en la figura de Hollman Morris, quien terminó asumiendo la gerencia del Sistema de Medios Públicos luego de una agria disputa con la primera directora durante este gobierno, la actriz Nórida Rodríguez, y la salida de la exdirectora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli.
Según un artículo de La Silla Vacía, RTVC se ha volcado a convertirse en el principal medio difusor de las declaraciones y discursos del presidente Petro, dándole mucho más tiempo en pantalla y mayor favorabilidad que el mismo sistema le brindaba a Duque en 2021. Según los datos recolectados por este medio, también se ha convertido en el principal escenario de cobertura y contenido informativo del gobierno, pasando a más de 10 horas y 20 minutos de emisión en 2024, recortando tiempo a otro tipo de programación que anteriormente caracterizaba al canal, especializado en temas culturales y educativos.
Así mismo, el diario El País, de España, ha indicado que la FLIP tiene en su poder denuncias de censura, autocensura y maltrato laboral al interior de RTVC desde que Morris fue nombrado subgerente de televisión de esa entidad, así como de los cambios editoriales que se han realizado dentro del Sistema de Medios Públicos, en los que la figura de Morris ha adquirido una presencia casi absoluta en todas las franjas y programas.
También se ha acusado a Morris de utilizar la capacidad del Sistema de Medios Públicos para presuntamente perfilar a figuras críticas dentro del mismo progresismo y sus aliados en el bloque de izquierda, luego de que el representante por el Pacto Histórico Agmeth Escaf hiciera la denuncia.
Con RTVC, Morris ha buscado centralizar la voz institucional del gobierno y generar opinión favorable al mismo en un marco de igualdad en términos de capacidad técnica y de recursos frente a los grandes medios. No obstante, generar estas nuevas narrativas ha implicado el sacrificio del contraste, la triangulación y la necesidad de que los medios públicos reflejen el debate público en el país.
En este escenario, tanto los medios públicos como los medios privados han terminado alimentando los relatos y los discursos de los sectores que representan, generando choques abiertos entre ellos y tocando los elementos existenciales que fundamentan tanto los intereses de grandes sectores políticos, económicos y sociales, como de los intereses del gobierno Petro y los grupos que representa.
Aun así, esta centralidad en RTVC contrasta con la situación de los medios alternativos de comunicación, a los que el gobierno ha querido acercar en su estrategia de abrir esta disputa por la información en todos los frentes sociales posibles.
El 12 de septiembre, el gobierno anunció en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales, que le daría el 33,3% de la pauta oficial a estos medios y que abriría nuevas convocatorias para emisoras comunitarias, en un esfuerzo por hacer que estos medios tengan viabilidad y se sostengan en el tiempo. Sin embargo, este ofrecimiento vino acompañado de un acercamiento sutil a que la línea editorial de estos medios sea la misma de la del presidente, a través de sus declaraciones y de la invitación a que sus relatos busquen equilibrar las noticias difundidas por los grandes noticieros y periódicos.
Los privados también concentran espacios de información
Fuente: El Colombiano.
Luego de haber cuestionado la realización de la COP16, evento que se realizará la próxima semana en Cali y que tiene importancia para la transición energética tanto del país como del planeta, Luis Carlos Vélez, exdirector de La FM, terminó renunciando, en un ambiente que ha sugerido que salió del cargo motivado por presiones a nivel interno (de la Organización Ardila Lülle, dueña de la emisora) y a nivel externo.
Vélez refleja, por su parte, las dinámicas de centralización que están viviendo los medios en Colombia, pero hacia el lado de los privados. Si RTVC y el Sistema de Medios Públicos han buscado concentrar toda la agenda narrativa del gobierno y la generación de opinión desde el progresismo, los privados han intentado hacer lo mismo, con nuevos modelos de negocio que buscan generar mayor audiencia, tanto para vender más pauta, como para tener mayor capacidad de difusión.
Esta estrategia fue implementada últimamente por el Grupo Prisa, quien terminó convirtiéndose en la principal proveedora de contenidos de HMTV1, quien ya tenía la propiedad del Canal 1 desde 2022, cuando la adquirió en su totalidad. Desde el 1 de octubre el Grupo Prisa ocupó la mayor parte de la franja del canal, donde ha entrado a emitir la mayor parte de la parrilla radial de Caracol Radio y W Radio en vídeo, teniendo más de 15 horas de contenido y emisión entre las 6:00 am y las 9:00 pm.
Con una estrategia similar se unificó la cadena básica de RCN (la cadena privada más grande de Colombia, con 47 emisoras locales, según La Silla Vacía) y La FM en 2023, en un intento por centralizar el contenido de noticias y opinión en un solo canal, al igual de como lo hace W Radio, Caracol Radio y Blu Radio, las otras tres emisoras con mayor audiencia en el país a nivel periodístico. Esta unión fue patrocinada por Luis Carlos Vélez como director de La FM y llevó, entre otras cosas, a la salida de Yolanda Ruíz de la dirección de RCN Radio.
No obstante, parece que el modelo no ha funcionado, en parte, porque la centralización ha llevado a que exista un enfoque que ha entrado a ignorar las necesidades informativas a nivel regional, que han sido cubiertas con medios locales y regionales y a las que el gobierno les ha apuntado con el tema de la pauta y mayor reconocimiento. Con la pérdida de dinero debido al reajuste que hizo el gobierno Petro frente a la pauta, los recursos han salido de convenios y acuerdos con los gobiernos y sectores económicos locales para pautar.
Del mismo modo, las marcadas agendas editoriales de estos medios han hecho que una buena cantidad de audiencia termine volcada en los medios independientes y alternativos. La salida de Vélez de La FM responde, en parte, a esta agenda, que poco a poco se fue volviendo más radical y llevó a tener choques con alcaldes como Dumek Turbay, con miembros de la propia Organización Ardila Lülle y con funcionarios del gobierno.
Esto mismo se ha podido rastrear en Blu Radio, donde el estilo de entrevista de Néstor Morales, su director, y de otros miembros de la mesa de trabajo se ha vuelto mucho más directo y confrontativo, como lo muestran los roces con Álvaro Forero Tascón, en los que el analista terminó indicándole a Morales si él debía tener un libreto preestablecido, luego de que Forero cuestionara a uno de los líderes del paro camionero del pasado septiembre, Henry Cárdenas, de manipulador.
Por ahora, las tensiones por la información y la violencia contra periodistas siguen marcando la tendencia frente a los medios de comunicación, que siguen buscando la forma de ubicarse en una nueva realidad política en el país.
