Qué nos enseña el estallido social colombiano? Por: Jaime Gómez

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 “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”

El pasado 28 de mayo se cumplió un mes del inicio del Paro nacional. Un histórico paro por la validez y magnitud de las protestas y por las consecuencias que en el campo sociopolítico está generando. Me atrevería a decir que este paro ha marcado un antes y un después en la historia de las protestas colombianas. El detonante de estas protestas fue la propuesta de reforma tributaria que el gobierno pasó al Congreso colombiano en vistas a llenar las arcas del estado. Pero fue solo el detonante. Las causas hay que buscarlas en hechos anteriores como el paro de noviembre del año 2019, en donde el gobierno de Duque olímpicamente desoyó los reclamos de amplios sectores de la sociedad y convocó a una llamada “Conversación Nacional”, como una “jugadita” para evitar enfrentar una mesa de negociación. Y antes del 2019, en las tantas protestas y paros regionales que el régimen neutralizó a punta de promesas de soluciones “inmediatas”. Son esas promesas incumplidas por el estado colombiano, incluyendo los incumplimientos a los acuerdos de paz, las que constituyen el telón de fondo a las actuales protestas, que como señalé en un artículo anterior, se parecen más a un estallido social.

Por ello se hace necesario analizar, en medio del andar, qué hemos aprendido de la protesta social pacífica en el último mes en Colombia. Para ello me permito señalar 10 elementos como guía del análisis:

Han brotado nuevos protagonismos políticos desde sectores excluidos de la sociedad. La convocatoria al paro nacional se da desde el Comité Nacional de Paro, órgano constituido por centrales obreras, organizaciones de pensionados, de estudiantes, de maestres y de sectores agrarios. El nivel de descontento ha dado lugar a que sectores populares en las ciudades, en las regiones y municipios asumieran como propia esta protesta. Son quienes están dinamizando las protestas, les dan vida, las alimentan y las enriquecen a través de nuevas formas de organización. Llegó el momento en que se visibilizaran a quienes las elites han vuelto invisibles por décadas. La generación de las llamadas “primeras líneas” es de por sí, un triunfo de la democracia participativa porque entre otras cosas, los jóvenes no solo pertenecen a las comunidades, sino que mantienen una sólida vinculación con ellas.

Ha desenmascarado el carácter militarista de la elite dominante con su perfil narco. El estado colombiano, nuevamente, ha dado un manejo militar a una crisis social. Y no es porque las elites no entiendan que es una crisis social. Lo hacen porque su posición política implica defensa a ultranza de sus privilegios y en ese cometido, tienen como herramienta fundamental el militarismo; necesitan de la guerra para perpetuarse en el poder. Las élites colombianas pretenden reafirmar su dominación a través del mantenimiento de la violencia y la barbarie. La descarada alianza entre el paramilitarismo urbano con los organismos de seguridad del estado y la violencia salvaje del ESMAD son ingredientes fundamentales de un modelo de represión que tiene como escenario principal, a manera de laboratorio, la ciudad de Cali y pretende normalizar el uso de fuerzas paramilitares en el control de la protesta social.

El Comité Nacional del Paro (CNP) no abarca la representación de los nuevos protagonismos. No se trata de cuestionar la legitimidad del CNP. Se trata de señalar una realidad que se muestra evidente por cada día que pasa. Y no es un fenómeno nuevo. Recuerdo cuando en la década de los 80, la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos de la cual formaba parte, mantenía interminables discusiones con los dirigentes de las centrales obreras en aras de abrir espacios para que las comunidades organizadas pudieran pronunciarse en espacios democráticos. Aún perdura la idea de que el sector sindicalizado es una especie de vanguardia del movimiento popular. Y esa “verdad” se muestra de nuevo fuertemente cuestionada por la realidad. Sectores importantísimos que están aportando su fuerza y experiencia a este estallido social, como las fuertes organizaciones de los grupos ancestrales, las organizaciones feministas, grupos LGTBQ+, jóvenes de las barriadas, desempleades, etc. necesitan que sean asumidas como un interlocutor legítimo en las negociaciones. Sus exigencias no pueden ser invisibilizadas ni por el gobierno ni por el CNP. Es necesario entender que la dinámica hoy, la jalona las organizaciones de las comunidades y no las organizaciones burocráticas.

Las calles se convierten en el nuevo escenario de la democracia. Es en las calles en donde se están construyendo nuevos tejidos democráticos y, por ende, en donde la democracia real se fortalece permitiendo la participación de las comunidades. El escenario del Congreso Nacional o las Asambleas departamentales o los Concejos municipales han mostrado hasta la saciedad que no conectan con la realidad y no ejercen su papel de vocería de la ciudadanía. Un ejemplo claro, fue la absolución del ministro de defensa Diego Molano por un sector mayoritario en el Congreso colombiano, a pesar de la existencia de contundentes pruebas que permitían concluir que las élites colombianas no han dejado de ejercer el terrorismo de estado.

Los medios de comunicación propiedad de conglomerados económicos actúan como sostenedores del poder. Ahora se hace absolutamente claro que intereses mueven el ejercicio “periodístico” de los grandes medios. La mentira y la desinformación al servicio de una estrategia malévola. En primer lugar, se quiere rodear de un manto de legitimidad al actuar represivo del gobierno y en segundo lugar, se pretende crear un aire de ilegitimidad a la protesta social. En ese sentido, hay una disputa por generar una nueva narrativa y se da una lucha en el campo de la palabra. Llamar “gente de bien” a quienes desde la opulencia económica apoyan y a veces también protagonizan el paramilitarismo urbano disparándole a la Minga o llamar “vándalos” a los jóvenes que ejercen el derecho a la protesta o el sonsonete en contra de los “bloqueos” olvidando que los sectores populares han sido bloqueados por décadas de las posibilidades de la igualdad ante la vida, son solo algunos ejemplos que ilustran mi afirmación para no nombrar la malvada portada de la revista innombrable, que, al mejor estilo de la propaganda fascista, pretende colocar en cabeza de una persona, la responsabilidad por la situación que el mismo estado ha generado. Se desenmascara el rol que cumplen los medios de comunicación de las élites al tiempo que los medios alternativos se consolidan como espacios que generan democracia informativa y ética periodística.

Las élites cierran filas en torno a sus propios intereses. La derrota en el Congreso a la moción de censura contra el ministro de defensa Molano es un buen ejemplo de lo que sectores progresistas y democráticos están en mora de hacer: cerrar filas en torno a un proyecto de democracia participativa. Esta reacción de las élites no es nueva. La hemos visto en diversas ocasiones en nuestra ya larga historia de confrontación social. Lo vemos cada vez que la llamada “institucionalidad” se siente amenazada y actúan en bloque contra los intereses de la mayoría de la ciudadanía.

La movilización de les colombianes en el exterior ha sido fundamental. El escenario de esta confrontación social no se dio solamente dentro de las fronteras nacionales. Se trasladó también a ciudades en el exterior en donde les colombianes se movilizaron como nunca antes. Esta movilización ha sido fundamental para darle visibilidad internacional a la resistencia del pueblo colombiano, pero también a la represión desmedida de la que el gobierno ha hecho gala. El mundo es testigo que está ante un gobierno ultraderechista de corte fascista. Un gobierno que al igual que los anteriores, ha violado los derechos humanos. La diferencia es que esto ocurre en un periodo en donde supuestamente se debería implementar el acuerdo de paz. Les colombianes en el exterior que han apoyado la explosión social, se han convertido en la primera línea de la diplomacia de las ciudadanías libres. Ello obligó al gobierno a desplegar, de una manera bastante tardía, su batería diplomática con Marta Lucia Ramírez a la cabeza. Difícil misión tendrá, para explicar los asesinatos de les protestantes, les desaparecides, las ejecuciones extrajudiciales y los miles de casos de abuso policial de la que el mundo entero ha sido testigo.

Derrumbe de la política exterior colombiana hacia el caso venezolano. ¿Qué gobierno del mundo seguirá acompañando al gobierno colombiano en su estrategia de cerco diplomático hacia el gobierno venezolano? Difícil imaginar que algún gobierno latinoamericano siga en esa vía cuando Duque no solo ha implementado sino profundizado medidas que él mismo criticaba al gobierno de Maduro. Independientemente de lo que se piense de la situación venezolana, se evidencia que las graves violaciones a los derechos humanos y el manejo militarista a la explosión social en Colombia le han menguado seriamente su legitimidad internacional. No es gratuito que Guaidó haya cambiado su estrategia y ofrecido negociaciones al gobierno de Maduro. El papel de USA es fundamental acá.

Se ven los estertores del uribismo, pero no es el derrumbamiento del proyecto neoliberal. Las élites que se alinearon al proyecto paramilitar del uribismo ven este modelo agotado, entre otras cosas, porque ha perdido legitimidad entre los sectores sociales en los que había logrado enraizar. Hoy su esencia militarista está desvelada y se percibe como un lastre a los anhelos de construcción de paz. Sin embargo, el derrumbe del uribismo no implica el derrumbe del proyecto neoliberal. Está golpeado, pero con posibilidades de ser maquillado. Existen ya sectores dispuestos a asumir las banderas neoliberales con el discurso de la necesidad de las fuerzas del mercado para la reconstrucción de la economía colombiana post pandemia. Dichos sectores, muchos de los cuales se ven hoy congregados en la llamada “Coalición de la Esperanza” además de protagonizar un oportunismo inaudito en el paro, siguen difundiendo las bondades del mercado como impulsor de la economía. Basta con analizar las propuestas de Fajardo o de Humberto de la Calle o de Galán para no hablar del sector encabezado por la senadora Angélica Lozano del Partido verde.

Manejo oportunista de las negociaciones de paz con el ELN. Mientras el gobierno dilata las negociaciones con el CNP y al tiempo que expulsa de Colombia a diplomáticos cubanos, envía emisarios a la isla buscando reactivar las negociaciones con este grupo insurgente. Evidente maniobra de distracción que no ofrece la credibilidad necesaria. Si hay algo que caracteriza el gobierno de Duque es su hostilidad hacia los procesos de paz y su nula disposición al diálogo.

¿Y qué salidas hay ante la crisis, preguntaba un querido amigo hace poco?  Depende de la definición que le demos a la palabra crisis. Lo que está en crisis es el proyecto militarista de las elites y su propuesta económica. La organización popular, la movilización y el surgimiento de nuevos tejidos sociales desde abajo y desde las regiones nos dicen que no hay crisis en la organización popular. Así que la pregunta de cuál podría ser la salida al derrumbe del proyecto de las élites, me atrevería a afirmar que dos elementos entre muchos otros forman parte de esa solución: la profundización de la organización de los sectores que por décadas han sido excluidos de la sociedad y la presión para que esos sectores se erijan como interlocutores ante las élites para en el plano político, obligarlas a negociar sobre puntos concretos. Es decir, enfrentar el militarismo con una contundente respuesta democrática que pasa indudablemente por consolidar la posibilidad de que los excluidos puedan por fin ser gobierno en las próximas elecciones. En otras palabras, democracia participativa y ciudadanías libres constituidas como veeduría popular.

Si la organización popular debe continuar, debe ampliarse y debe consolidarse para que pueda enfrentar con éxito el peligro de una contra reacción de las élites que destrocen lo alcanzado hasta el momento. Por ello, no creo que la salida sea una Constituyente. En el mejor de los casos se necesitaría una reforma para que la constitución del 91 tape los vacíos dejados y que las elites han aprovechado para, por ejemplo, secuestrar los entes de control del estado.

De allí que esté a la orden del día el crecimiento de la articulación entre todos los sectores que protagonizan de una u otra forma esta explosión social, para sentar al gobierno a negociar y para asumir el desafío de ser gobierno en las próximas elecciones.


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