¿Quiénes se roban los recursos del Programa de Alimentación Escolar? Por: Miguel Macea Martínez

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Pareciera que los colombianos nos estamos acostumbrando a vivir con las noticias diarias de la perdida de  los recursos que destina el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, para el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

Nos hemos vuelto tan insensibles que ya esas noticias son comunes en la región Caribe y muchos habitantes folclóricamente nombran al político mentor de las empresas que tienen el contrato de Alimentación Escolar con el Estado, por cierto sus representantes son muy conocidos (as) en esta zona del país.

Lo grave de esta situación es entender como un mal llamado ser humano, muchos de ellos, disfrazados de creyentes y temerosos de Dios terminen robándose los recursos del Programa de Alimentación Escolar,  quitándole a un inocente niño el derecho a crecer sano, fuerte, con gran desarrollo intelectual, por la codicia mezquina de apoderarse de gran parte de los recursos del programa.

Hoy, parece que los gobernadores y alcaldes de la región Caribe lideran esta deshonrosa lista de corruptos, ya muchos de ellos están en la cárcel, otros huyendo de la justicia y un gran numero más investigados por pedir, intervenir o simplemente exigir su participación (dádivas) en dichos contratos.

En la región Caribe existe una ‘red de alimentación escolar’ que son empresas que en muchas ocasiones no cumplen con los estándares y lineamientos para prestar el servicio y se han apoderado de medio billón de pesos negocio redondo entre políticos y dichas empresas.

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De acuerdo con lo informado en su momento por la Contraloría General de la Nación, CGR, se han detectado irregularidades en 24 departamentos que han manejado recursos del PAE, irregularidades con incidencia fiscal que totalizan $62.488 millones de pesos.

Con estos recursos se habría podido alimentar diariamente, durante dos años y medio –con desayuno y almuerzo- a más de 17 mil niños. La Guajira, Cesar, Santander y Huila son los departamentos más afectados.

Pero quedémonos solo en los departamentos de la región Caribe, en todos se han detectado hallazgos fiscales, siendo las principales irregularidades: comida en descomposición, incumplimientos en la entrega, raciones alimenticias por fuera de estándares de cantidad y calidad establecidos, malos manejos administrativos y ausencia de todo tipo de control técnico, que vulneran derechos a miles de niños y adolescentes en la región Caribe.

Uno de los casos más aberrantes es el que sucedió en la ciudad de Cartagena y el responsable es el Consorcio PROESCOLARES, integrado por la fundación Impacto Social y Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia (COOSUACOL), identificada con el NIT 800185713-9. Pero llama la atención que con ese mismo NIT, para el año 2015, el nombre registrado en la Cámara de Comercio de Cartagena era: Cooperativa de Servicios Generales la Heroica (COOSEHEROICA), también investigada por irregularidades.

Es recordado el caso en el municipio de Aguachica – Cesar. En su momento la ministra de Educación, Gina Parodi, denunció una serie de irregularidades articulada por Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y por la prestante María Angélica Araujo Noguera, quienes a través de la Fundación Provenir celebraron contratos por un monto de $449.613 millones de pesos.

Como ya lo anuncié en este mismo escrito, en este desangre a los recursos de los estudiantes costeños figuran los célebres nombres de Adiela Álvarez y Hugo Mario Álvarez quienes a través de fundaciones, consorcios, uniones temporales y otras entidades celebraron desde el año 2012 contratos por un total de $129.011 millones.

Otro nombre de ingrata recordación en la contratación del PAE es el de José Antonio Manrique, quien a través de similares estrategias constituye fundaciones, consorcios, etcétera, para acceder a contratos que desde el año 2012 suman un total de $262.426 millones; Paz y Futuro, una de las fundaciones constituidas por Manrique, fue denunciada ante la Fiscalía por el Ministerio porque en una auditoría realizada en Córdoba encontró 7.638 niños inexistentes a los que supuestamente suministraba complementos alimenticios.

La fundación Fundaenlace y la Cooperativa de Servicios Generales de la Heroica (Cooseheroica) también ocupan un deshonroso lugar quienes de acuerdo a El Tiempo: “[…] han firmado –en unión o individualmente– millonarios contratos con el ICBF, el Ministerio de Educación Nacional, los departamentos del Atlántico, Bolívar, Córdoba y Santander, entre otros, y con alcaldías”.

En su última rendición de cuentas el contralor Edgardo Maya dijo que hay un “fraude muy alto en la contratación del PAE” en la Costa, porque el ente de control ha podido establecer que de cada 100 raciones de alimentos solo entregan 56. “Se están robando claramente el 44 % de las raciones que deben entregar. De 100 se roban 44”. ¡Que Descaro!

 

 


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