Rechazan restricciones por toque de queda y ley seca en el Atlántico- Por: Miguel Macea Martínez

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Consideran que estas medidas lesionan su economía que está en proceso de reactivación. Gremios que los agrupan piden concertación y que las autoridades departamentales los escuchen antes de adoptar decisiones que los perjudican.

Las medidas de control para frenar el crecimiento de los casos de coronavirus en el departamento del Atlántico ponen en evidencia la impopularidad de la gobernadora, Elsa Noguera de la Espriella.

Comerciantes y ciudadanía en general no compartieron el contenido del Decreto No. 047 que expidió la mandataria departamental el jueves de la semana pasada imponiendo el toque de queda y la ley seca en todo el departamento desde el viernes a las 7:00 P.M., y hasta las 5:00 A.M. del día siguiente, restricción que se repitió para los días sábado y domingo del fin de semana que acaba de pasar en los mismos horarios.

Sin embargo, las medidas que buscan evitar fiestas masivas y aglomeraciones no fueron atendidas porque a la Policía Nacional le correspondió atender muchas rumbas en los distintos municipios y en establecimientos públicos que recibieron comparendos y cierre de los negocios.

Los comerciantes agrupados en Asocentro en Barranquilla, en Fenalco Atlántico y en Undeco cuyos asociados son tenderos en su mayoría, así como Asonocturno que une a los dueños discotecas, bares y cantinas o estaderos, expresaron su desacuerdo por las medidas que golpean su economía que empezaba a reactivarse.

Noguera de la Espriella dio positivo para covid 19 y eso en consideración de los comerciantes debió llenarla de temores que la obligaron a adoptar la decisión de aplicar el toque de queda para el último fin de semana de enero y los dos fines de semana de la primera quincena de febrero.

Inclusive, la gobernadora de los atlanticenses fue más allá hasta el punto de solicitar a los alcaldes municipales abstenerse de declarar lunes y martes de carnaval como días, lo cual es tradición, pero por la pandemia este año no será así.

Todas estas decisiones ponen en riesgo la aceptación de la mandataria a nivel del pueblo porque la gente no quiere estar encerrada, menos en una temporada como la actual donde históricamente el compartir entre familiares y amigos es costumbre sana con disfraces y música.

Sábado y domingo del próximo fin de semana es decir 6 y 7, lo mismo que los días 13 y 14 de febrero la ley seca y el toque de queda se inician a las 2:00 de la tarde hasta las 5:00 A.M., del día siguiente, limitan más las ventas de tiendas, bares, cantinas, discotecas, licorerías y similares que ven en esta temporada un momento para consolidar sus ventas.

A los gremios de los comerciantes les incomodó que la gobernadora adoptó el decreto de manera inconsulta, no hubo concertación ni se les escuchó a ellos para saber si compartían las medidas allí contempladas. “Estamos en una democracia y los gobernantes deben escuchar a sus gobernados sobre todo cuando son medidas que nos lesionan en nuestros negocios», opinó Orlando Jiménez, de Undeco.

La aparente popularidad de Noguera en las encuestas de opinión se está resquebrajando por culpa de la pandemia al imponer decisiones unilaterales que podrían tener un objetivo sano para las comunidades, pero su impacto positivo se ve manchado por “el autoritarismo” que refleja el estilo de ponerlas en vigencia sin consultar a los directamente afectados.

A la postre los comerciantes y ciudadanos en general no acogen las restricciones y generan mayores esfuerzos para los uniformados de la Policía Nacional que deben redoblar su trabajo para sofocar los focos de fiestas clandestinas que se multiplican por docenas en todos los municipios y corregimientos del Atlántico en esta temporada de carnaval.

En Barranquilla donde no existen las restricciones los bailes, fiestas y celebraciones proliferan por todas partes, especialmente en los barrios populares, donde el sentir de la fiesta es evidente.

Los comerciantes de os pueblos del Atlántico que a la postre son los mayormente perjudicados con estas limitaciones en los municipios estiman que se les está violando el derecho a la igualdad y al trabajo honesto abierto a toda la comunidad, sin que realmente se requieran esos extremos.


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