Redacción: laregional.net
Atemorizados y en alerta se encuentran los reclamantes de tierras de las subregiones San Jorge y Mojana, en el sur de Sucre, donde la disputa por los predios ha generado masacres y conflictos, tema que de nuevo se analizó en la Mesa Departamental de tierras que se cumplió recientemente en el municipio de San Benito Abad.
Justo en esa zona, se aún recuerdan el atroz crimen de dos integrantes de la familia Lambraño, madre e hijo, ocurrido hace más de 10 años en circunstancias parecidas. También el atentado a balas que sufrió Hernando Benítez León, y luego la masacre de cinco hombres, entre ellos un padre y su hijo, ocurrida hace 27 días
La disputa por la tierra, en concreto por los playones, terrenos baldíos que periódicamente se inundan con las aguas de las ciénagas que los forman, o con las avenidas de los ríos; es un asunto de vieja data, tanto así que José Mieles, uno de los reclamantes de tierras de la parcela Santo Domingo, relató que siempre ha vivido con angustia a causa de los ganaderos que, a su juicio, pretenden apoderarse de las tierras del Estado.
“Llevo 33 años de no tener un rato tranquilo. A esto hay que ponerle mano dura para nosotros poder convivir en nuestros ranchos. También tenemos derecho a vivir, tenemos un buen corazón, como todos los pobres”, dijo Mieles, quien solicita a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que actúe con celeridad en los procesos de deslinde que adelanta antes de que los conflictos se sigan agudizando.
“¿Cuánto tiempo más va a pasar para que solucionen el problema de la tenencia de la tierra, y cuántas vidas más se van a perder? Esto se alarga tanto que las esperanzas se pierden”, dijo Luis Pardo Gloria, miembro de la comunidad de Cispataca, quien también participó en la Mesa Departamental de Tierras en busca de una respuesta a corto plazo por parte de la autoridades.
A este clamo se sumó Adonay Acevedo Cárdenas, de El Limón, quien agregó que en Colombia el reclamante de tierras no tiene garantías ni para exigir lo que le corresponde.
“Tenemos miedo, pero no abandonamos la tierra por la que en mi caso llevo cinco años esperando un título donde cosecho arroz, maíz y plátanos para subsistir”.
SOLO ENTREGA SIMBÓLICA
Durante 30 años, José Eugenio Garavito ha luchado por la defensa de Caño Palomo, terreno que la ANT le adjudicó el 11 de marzo de este año a 17 familias, las cuelas tienen ocho meses esperando su entrega y nada, solo fue simbólico.
“No las podemos trabajar, y los ganaderos no sacan las reses de allí y nos han amenazado, por eso no vamos allá”, dijo agregando que la Agencia había vinculado en esta resolución de entrega de tierras por 10 años a dos personas que nunca trabajaron por ello. En Cámara de Comercio están registradas 15 familias.
José Eugenio forma parte del equipo de trabajo que lidera Hernando Benítez, el líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) de San Benito Abad que ha sobrevivido a tres atentados, el más reciente el lunes 19 de octubre.
“Conforme está Colombia lo que se espera es que después de que uno habla y denuncia estas cosas, lo vienen a matar”, añadió José Eugenio, quien rechazó que su amigo y aliado en la defensa de la tierra, Hernando Benítez, tenga que permanecer escondido.
Rodrigo Ramírez Salazar, defensor de Derechos Humanos, ratificó que en esa incursión armada del 25 de octubre se salvaron los que mostraron la cédula, y denunció, además, que hubo un pago para que este hecho delictivo se efectuara. Piden a las autoridades el esclarecimiento de los hechos.
“Lo que vemos es que las autoridades siguen legitimando lo que pasó. No se solidarizan en acciones con lo ocurrido”, sentenció Ramírez Salazar.
