La reciente operación de la Policía Nacional no solo destapó una red criminal detrás del millonario robo de tierras en Barranquilla, Soledad y Cereté, sino que dejó al descubierto un drama silencioso que afecta a cientos de familias: el despojo urbano y el freno al desarrollo de comunidades enteras.
Detrás de las frías cifras-17 capturados, más de 277.000 metros cuadrados apropiados de forma fraudulenta-hay historias de familias estancadas, barrios que nunca pudieron expandirse legalmente y constructoras que vieron paralizados sus proyectos por culpa de una red que operaba desde el interior de las mismas instituciones encargadas de velar por el orden y la legalidad.
La organización, que según las autoridades tendría nexos con estructuras criminales del Atlántico, operaba con precisión. Desde notarios y registradores hasta inspectores y abogados, todos cumplían una función clave: validar lo inválido, legalizar lo fraudulento y vender lo ajeno. Los documentos falsos no eran simples papeles: eran el pasaporte para tomar posesión de terrenos de uso público, para luego venderlos mediante engaños a terceros de buena fe. “No revisaban ni los documentos básicos. Era una omisión sistemática con un propósito muy claro”, señaló un investigador del caso.
SUEÑOS APLAZADOS
Lo más grave de esta red no se mide en los metros cuadrados apropiados, sino en los proyectos que no pudieron nacer. Urbanizaciones destinadas a soluciones de vivienda se vieron truncadas. Infraestructura que beneficiaría a comunidades populares quedó en el limbo.
“Los barrios necesitan parques, vías, colegios. Pero si el terreno aparece con un falso dueño, todo se congela. La comunidad es la gran perjudicada”, explicó un urbanista consultado. Entre los capturados hay nombres que no pasaban desapercibidos en las instituciones del Atlántico. Inspectores, abogados de alcaldías, registradores y hasta un notario figuran en la lista. La operación, que incluyó seis allanamientos en tres municipios, reveló que el poder institucional era usado como escudo para facilitar y encubrir las estafas.
El presidente Gustavo Petro, quien dio a conocer las capturas, fue enfático: “Esta estructura no solo robaba tierras, robaba el futuro urbano del Caribe colombiano”. Los delitos imputados incluyen peculado por apropiación, cohecho, prevaricato y urbanización ilegal. Pero esto no termina aquí: según la Fiscalía, hay 16 imputaciones adicionales en curso, lo que elevaría a 33 los procesados en este caso.
