La Ley 30 de 1992, la cual orienta la educación superior en Colombia, ya tiene 30 años de vigencia. Nació en un momento de turbulencias y cambios sociales en la política nacional e internacional; tiempos en los que acontecieron hechos como la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Momentos en que emergen las narrativas de un mundo globalizado, un solo modelo económico y para algunos teóricos como Fukuyama, “el fin de la historia”. Para esos tiempos, 1991, nace la Constitución Política de Colombia, y un año después, la Ley 30; esta nueva Constitución está centrada en una concepción garantista y de derechos para los ciudadanos.
La Ley 30 nace en medio de nuevos vientos y una de sus reivindicaciones es la autonomía universitaria; anhelo postergado por los estamentos universitarios desde la reforma de Córdoba-Argentina; una autonomía administrativa, académica y financiera que permitió construir sus reglamentos, estatutos, y sus instancias de gobierno institucional.
En este sentido, la autonomía universitaria permitió: la autodeterminación de las universidades, mayores controles en la intromisión de poderes ajenos a la lógica académica, liderazgo como conciencia crítica de la sociedad, un actor de transformación social desde la ciencia; espacio para la deliberación pública y formación ciudadana; además, procesos de formación con los más altos estándares de calidad. Es decir, la autonomía en clave kantiana de la mayoría de edad sin endogamias, extralimitaciones, ni abuso de poder.
La Ley 30 surge desde la concepción de educación superior, como servicio público prestado por un sistema mixto; o sea, público y privado que, para efectos de la reforma debe partir de su reconocimiento.
En estos 30 años de cambios en la educación superior; en materia de cobertura, calidad, pertinencia, financiación, investigación, proyección social e innovación, entre otros; que exigen ajustes y contextualizaciones de acuerdo con las corrientes y tendencia de un mundo globalizado; la educación superior, no ha sido ajena a estas transformaciones. No obstante, la discusión en los últimos años ha estado fijada en el desfinanciamiento de la universidad pública. Por ello, desde el SUE hemos insistido en la reforma de los artículos 86 y 87 de dicha ley; para de esa forma construir un modelo de sostenibilidad financiera; iniciativa que cursó su primer debate en la comisión sexta de la Cámara de Representantes.
Consideramos, que es bienvenida la iniciativa de una reforma integral de la Ley 30, que debe hacerse en el marco de un proceso participativo y vinculante. Por consiguiente, estamos en presencia de una reforma que debe ser el escenario para la deliberación y acuerdos alrededor del proyecto de nación que debemos pensar desde la educación.
Importante que, el Ministerio de Educación Nacional, líder del proceso de construcción de una nueva ley de educación superior tenga presente un tiempo razonable y una metodología de trabajo que involucre: las regiones de la geografía nacional, gremios organizados del sector, estamentos universitarios, sectores de la sociedad civil organizada, tiempos que delimiten la deliberación, sistematización de los insumos teóricos y conceptuales que deriven del diálogo construido.
Necesitamos una reforma incluyente en la educación superior, que sea un derecho fundamental garantizado por el Estado.
