Redacción: laregional.net-
El exgobernador de Sucre, Salvador Arana, a través de un documento que presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), acepta responsabilidad en asesinatos y relata cómo entre políticos y paramilitares se robaban los recursos públicos de Sucre.
De acuerdo a una publicación realizada por La W, luego de tener acceso al plan de la verdad, el exgobernador reveló apoyos de paramilitares a políticos y relaciones con la fuerza pública, señalando al (hasta ahora no condenado) coronel Norman León Arango, excomandante de la Policía de Sucre, de ser un encubridor de los paramilitares. Aseguró haber tenido una reunión con él y el coronel Orlando Vivas, segundo al mando, en una camioneta con Rodrigo Peluffo, alias ‘Cadena’, excomandante del Bloque Norte de las AUC.
Indicó que el respaldo de paramilitares a políticos, venían de tiempo atrás, pero que desde el 2003 pusieron abiertamente sus candidatos en las alcaldías, concejos, asambleas y la gobernación consolidando su proyecto delincuencial.
Según lo revela en el plan de la verdad, inicialmente apoyaron al exgobernador de Sucre Edgar Martínez Romero, para reemplazarlo a él, pero luego se inclinaron por Jorge Anaya, quien fue el ungido por las AUC y después condenado por «parapolítica».
También asistió a reuniones con el exgobernador también condenado Erik Morris y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, con el fin de hacer «empalmes» y seguir saqueando recursos para dárselos a las AUC. Asimismo, aseguró no tener conocimiento del crimen de la fiscal Yolanda Paternina, asesinada en el 2001, en medio de su investigación por la masacre de Chengue.
El saqueo al sistema de salud y de las regalías de Tolú, para favorecer a los paramilitares, fue otras de las revelaciones de Arana, quien reconoce que se saqueó el sistema de salud para lograr que esos recursos robados fueran a fortalecer a las AUC.
Por ejemplo, señaló que desde 1999 se infiltró a varias aseguradoras (ARS) y EPS con usuarios a quienes indujeron bajo amenazas para que se afiliaran y se les facturaran servicios falsos que nunca se prestaron, los cuales las EPS pagaban a las IPS manejadas por adeptos al paramilitarismo y los recursos se irrigaban al grupo criminal.
Dio nombres de instituciones médicas que fueron utilizadas para esos fines por medio de sus gerentes, tales como la ARS Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó (tenía como gerente a María Cristina Cano y actualmente EPS Ambuq), Cajacopi (tenía como gerente a Pedro Mulet), Unimec y Manexca (Tenía como gerente a Pedro Pestana).
En el documento Arana explica que «la forma en que se sacaban los recursos era a través de facturaciones ficticias por dichos servicios inexistentes. Así lo hacía la IPS IASESS LTDA. Igualmente se utilizaban empresas de medicamentos como Inversiones Coveñitas y Sumisalud para la desviación de recursos de la ARS AMBUQ».
A su vez, por medio de un abogado de apellido Acuña, se consumaba un cartel judicial en el que se demandaba a las EPS, se manipulaban los procesos para que un juez los recibiera, y fallara las demandas para proseguir el saqueo.
Sobre el robo de recursos en Tolú, en el año 2000, manifestó que se facturaban pagos dobles en contratos de la administración con el aval del gobernador Eric Morris y también por medio del gerente del Banco Popular para la época en Sincelejo Roberto Vargas, quien entregaba directamente el dinero a los paramilitares en Sincelejo.
La incidencia de las AUC en el sector educación, se fortaleció en la universidad bajo el periodo del gobernador Jorge Anaya (2004 – 2007) y la elección de Rafael Peralta como rector.
Arana aduce que lograron captar la Universidad para desfalcar sus millonarios recursos provenientes educativos para sus fines criminales. También lograron la vicerrectoría académica en manos de Nicolás Sierra Perna entre otros cargos; se permitió la infiltración ideológica de las AUC para lograr jóvenes adeptos a ese grupo criminal.
Homicidio del exalcalde de El Roble
En el mismo plan de la verdad, Arana confesó su responsabilidad en el homicidio del exalcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz, cuyo hecho se concretó Arana confesó que la decisión de matar al alcalde Díaz se concretó en abril de 2003 en la gallera del corregimiento de Sampués.
Esto, luego de que, gracias a que tenían cooptadas la Procuraduría y la Contraloría regional, lograran suspender al alcalde con el fin de perseguirlo y que, a través del fallecido exparamilitar Wilher Cobo, le pidieran a las AUC que lo mataran a cambio de levantar las sanciones a los concejales de Tolú, que eran «fichas» de los paramilitares.
Esta confesión, ha representado un alivio para la familia del exalcalde, ya que luego de 13 años Arana aceptara su responsabilidad en el hecho.
Juan David Díaz, hijo del exalcalde asesinado, afirmó “empezó la AranaPolitica en Sucre, además de positivo para Sucre, lo es para mi familia ya que Salvador Arana acepta su responsabilidad en este crimen y muestra que antes que un aliado del Paramilitarismo, como lo señalaron en busca de desprestigiarlo y hacer creer que su asesinato fue un ajuste de cuentas entre delincuentes, hoy una vez más se demuestra que por el contrario fue un hombre valiente que se convirtió en piedra para los zapatos de los políticos y paramilitares”.
Admitió que ellos como familiares fueron víctimas de estos señalamientos buscando evitar que se continuara en la lucha contra la impunidad del caso del exmandatario, “hoy como dice el dicho, el tiempo nos ha dado la razón. Bendiciones y gracias a todos ustedes, su labor fue importante para mostrar quien en realidad era mi padre”.
A su vez, los familiares de Díaz afirmaron que Salvador Arana en un principio intentó “desviar la atención y burlarse de nosotros, pero logramos mediante escritos a la JEP que lo condicionaran y advirtieran de su expulsión de esta jurisdicción si no contaba la verdad y mejoraba su plan de reparación”.
Colaboradores del paramilitarismo
Arana también indica que su llegada a la embajada de Chile en el gobierno Uribe, se produjo gracias al lobby que hizo el exsenador Álvaro García Romero (condenado por parapolítica) y un amigo suyo, quienes intercedieron ante el exasesor del expresidente Uribe José Roberto Arango con ese fin.
Eso sí, cuando estalló el escándalo en 2005, el exsecretario de la presidencia Bernardo Moreno pidió su renuncia y llegó al país a refugiarse en Santa Marta (Magdalena). Reveló que sostuvo encuentros según sus propias palabras, en la finca del «dueño del Meridiano de Sucre» William Salleg, en donde adelantaba reuniones a las que asistían los paramilitares ‘Diego Vecino’ y alias ‘Cadena’.
Finalmente, Salvador Arana, entregó en la Sala de Definición de la JEP, un total de 29 nombres a quienes señaló como colaboradores del paramilitarismo, entre ellos incluye exsenadores como Álvaro García, exgobernadores como Jorge Anaya y otras 27 personas entre las cuales se encuentran: Pedro Mulet, María Patricia Cano, Pedro Pestana, Jairo Merlano, Álvaro García, Eric Morris, Jorge Luis Feris, Muriel Benito Robollo, Nelson Stam, Alfredo Navas, Jassir Farak, Ángel Villareal, Jairo Fernández, Roger Díaz, Sabas Balseiro, Oliverio Oliver, José Javier Buelvas, Jaime Gil, Rogoberto Lara, Fredy Villa, Rafael González, Rodolfo Vargas de Lima, Nicolás Sierra, Rafael Peralta, Osvaldo Ayala, coronel Norman León Arango, Coronel Vivas, Osvaldo Ayala, Coronel Norman León Arango, Coronel Vivas.
