La Corte Constitucional ordenó la protección de los estudiantes y una investigación por parte de la Fiscalía.
En un alejado pueblo del departamento de Magdalena, llamado Santa Bárbara de Pinto, el alcalde contrató por 85 millones de pesos cómodas camionetas con el fin de transportar a los niños de cero a cinco años y a estudiantes alejados de escuelas, pero los vehículos que aparecen en el papel fueron muy diferentes a los de la realidad.
De 14 a 16 niños eran atiborrados en carros sin condiciones de seguridad o en motos con remolques adaptados para transportar plátano y animales.
Considera la Corte que debe existir un trato digno y ordenó a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar el contrato de la Alcaldía.
El tribunal ordena que el transporte de servicio público para personas de bajos recursos debe ser gratuito y debe tener al menos dos puertas, salida de emergencia, luces intermitentes, salida de emergencia, asiento con respaldo, cinturón de seguridad y ventanas que impidan que los estudiantes saquen las manos. Fuente Rcn
