Fundación Paz y Reconciliación -Pares
Actualmente, la ciudad de Santa Marta se encuentra en medio de una peligrosa disputa entre varios grupos de actores armados ilegales. En lo que va corrido del año ya se han presentado 14 homicidios, y el 90% de ellos han sido cometidos por sicarios, lo que señala la activación de una modalidad de violencia que prende las alarmas. La situación es tan grave, que esta semana el alcalde la ciudad, Rafael Martínez, convocó un consejo de seguridad extraordinario para adoptar medidas especiales para solucionar esta crisis de seguridad.
La posible disputa por el control del puerto de la ciudad, involucraría al Clan del Golfo en sus intenciones por entrar al territorio.El asesinato de la lideresa social Maritza Quiroz Leiva, el de Wilton Fauder Orrego, contratista del Parque Nacional Tayrona y más recientemente el de José Benito Villarreal Ramírez alias Echeverry, reconocido narcotraficante y quien había sido capturado en el 2011, señalado como hombre cercado a la organización liderada por Maximiliano Bonilla alias ‘Valenciano’, nos indica que el territorio podría estar en medio de una disputa entre actores armados ilegales y narcotraficantes.
¿Qué se disputan en la región?
En primer lugar el puerto de Santa Marta, anclado en la bahía. De esta manera, no solo estarían en la mira de estos grupos los 80 Km de puertos naturales sobre la Troncal del Caribe (corregimiento de Guachaca), sino también el puerto de la capital.
Esta dinámica de control territorial incluiría, no solo el acceso y salida de la ciudad de Santa Marta, sino el acceso a municipios de la zona bananera, territorio en donde ya se han conocido casos de narcotráfico camuflado en el negocio del banano para exportación. Estos hechos también afectan al sector productivo, ya que el sector corre el riesgo de sufrir severas sanciones internacionales que afectarían sensiblemente la actividad económica de la zona.
La amenaza de desplazamientos forzados, advertida en un artículo reciente del subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Ariel Ávila, se cumplió. El desplazamiento masivo de siete (7) núcleos familiares a finales de enero, en el sector de Playa Salguero, ocurrió luego de que fuera asesinado uno de los miembros de su comunidad, Carlos Ospino Navarro. En el hecho resultó herida otra persona.
Según las familias, fueron desplazados por los ‘Pachencas’, quienes están reclamando un predio de 1.600 metros cuadrados, avaluado en cerca de 5 mil millones de pesos. Ya habían sufrido un atentado en el mes de diciembre y con el asesinato de Ospino, el temor se apoderó de la pequeña comunidad quien decidió desplazarse.
El Clan del Golfo, una amenaza real para la ciudad
El último trimestre, muy a pesar de los esfuerzos adelantados por el gobierno distrital en coordinación con la fuerza pública y el aparato judicial, los homicidios por sicariato se han vuelto recurrentes. La disputa por las plazas de comercio de estupefacientes en barrios como Pescadito, San Jorge y Villa Tabla, todos cercanos al puerto de la ciudad, han contribuido también al incremento de homicidios en la ciudad durante el último trimestre del año inmediatamente anterior.
También se ha presentado fleteo y las denuncias por extorsión van en aumento. En diferentes barrios se han entregado panfletos señalando el intento del Clan del Golfo por ingresar en alianza con una estructura local de narcotráfico en la ciudad.
La presencia de desmovilizados y ex narcos que regresan luego de la extradición y los homicidios por sicariato, sumado a la reciente incautación de una caleta con droga y armas de fuego, entre ellas una mini uzi y abundante munición en la vereda de Buritaka (Guachaca), al parecer perteneciente a los ‘Pachencas’, obliga a mantener como prioridad número uno a la Troncal del Caribe así como a la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Antecedentes de violencia
El Distrito de Santa Marta, a lo largo de su historia reciente, ha sufrido de ciclos de recrudecimiento de la violencia. Contando con un período de tiempo comprendido entre 2014 -2018 donde se vivió un período de tranquilidad para sus moradores. Lo anterior no busca desconocer la presencia o la existencia de ilegales en la ciudad.
Todo lo contrario, la capital se encontraban dentro de un pacto producto de la guerra por el control territorial que venía desde el periodo 2012-2013. En este, se estableció en el territorio la hegemonía de los ‘Pachencas’, que no son más que una versión del Clan Giraldo. El papel del Batallón de Alta Montaña ubicado en la región es vital para el control del territorio, contribuyendo a mejorar la presencia institucional; así como, a restaurar la autoridad legítima en el corregimiento de Guachaca.
En ese sentido a la policía Metropolitana de Santa Marta deben devolverle su capacidad instalada. Es necesario el retorno del Emcar, que al salir del territorio disminuyó la capacidad de la policía en sus funciones en la zona rural de la ciudad. Por otra parte la alcaldía de la ciudad debe subir el valor de la recompensa por ‘Chucho Mercancía’ y sus secuaces, así como mantener el seguimiento a los nuevos liderazgos o seudoliderazgos que nacen en la zona.
También es clave fortalecer a la fuerza pública, mantener el trabajo conjunto, combinando unidades tácticas por objetivo de alto valor y establecer la estrategia de contención al ingreso de un nuevo actor armado ilegal. Es una prioridad devolverle la paz y tranquilidad a la ‘perla’ del Caribe.
