Después de una severa investigación de 18 meses de largas caminatas por sistema de montañas, luego de atravesar 10 municipios y 5 corregimientos del Catatumbo y después de entrevistar a 187 desmovilizados de las autodefensas y a 116 víctimas del conflicto, se llegó a una conclusión contundente: en la guerra del Catatumbo ocurrieron hechos atroces que no se dieron en otras partes del país.
A esta conclusión llegó el equipo de investigadores responsable del informe número 20 publicado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre el origen y la actuación de los grupos paramilitares en las regiones.
“Llevaron los niveles de violencia a cosas que jamás hemos escuchado que pasaran en otros lugares del país. Y para no entrar en detalles escabrosos podría responder simplemente con esa aberración de los hornos crematorios. Puede que hayan existido en algún otro lado del país, pero hasta ahora solo sabemos que esto sucedió en parte de los lugares de operación del Bloque Catatumbo y en el Área Metropolitana de una capital departamental, lo que lo hace mucho más grave», dice Camilo Villamizar, coordinador del equipo investigador.
El estudio denominado ‘Memorias de sobrevivientes al bloque Catatumbo’, recopilado en dos tomos, será presentado el 12 de diciembre en la sede del Banco de la República, en Cúcuta.
“Hay un primer tomo de tipo cronológico, sobre el ingreso, la actuación y la desmovilización del grupo, incluidas las irregularidades en la desmovilización. Ese tomo se llama ‘El estallido de un trueno ajeno’, dado que ‘Catatumbo’ significa ‘La casa del trueno'», indica.
El segundo tomo es temático y se llama ‘Guerra sin fronteras, resistencia sin límites’, el cual narra “cómo el grupo se financiaba, cuáles eran los vínculos con políticos y militares y cuáles fueron las más graves violaciones a los derechos humanos, daños y afectaciones».
Si bien la presentación inicial del informe se realizará en Cúcuta, con un acto simbólico de reparación a las víctimas, el próximo año tendrán lugar eventos similares en los municipios de Sardinata, Tibú, El Tarra y La Gabarra.
“Este grupo del Bloque Catatumbo fue un ejército invasor, un ejército exógeno, porque no había muchos integrantes de Norte de Santander o del Catatumbo. Operó en muy poco tiempo —unos seis años—, pero causó mucho más daño que las estructuras que han operado durante más tiempo allí, ya sean de tipo guerrillero o los que surgieron de la desmovilización paramilitar», señala.
Villamizar afirma que “por tratarse de un ejército de tipo exógeno, no hicieron ningún tipo de distinción entre civiles y combatientes».
El Bloque Catatumbo operó en Tibú, La Gabarra, partes de Hacarí y Sardinata, otras localidades del Área Metropolitana de Cúcuta y al sur del departamento, incluidos los municipios de Chinácota y Pamplona.
“Esto no sucedió en la última vereda, el último municipio más alejado y más pobre del país. Se dio en las inmediaciones de Cúcuta, en el municipio de Villa del Rosario. Todo ese horror nos pasó por el frente sin que nos diéramos cuenta, acallándose las voces de manera violenta de los que sí se dieron cuenta y lo denunciaron», asevera.
Indica que este es el corazón de la investigación y del informe: “Dar a conocer el horror que vivimos para que ese horror ojalá nunca vuelva a repetirse».
Sobre la relación del informe ‘Memorias de sobrevivientes al bloque Catatumbo’ con la política de la paz total, impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, dice que conlleva a la necesidad de buscar soluciones pacíficas con procesos comunitarios.
“Un informe como este tiene toda lógica o toda coherencia con un gobierno progresista como este, porque es una denuncia sobre la violencia, las injusticias, una denuncia sobre la guerra y sobre lo que nunca debía haber pasado en el país. Pero también es una forma de demostrar la importancia que tiene la resolución por vías pacíficas y la importancia que tienen los procesos comunitarios en relación a la resistencia contra la guerra», subraya.
En ese contexto, considera que el resultado del proyecto investigativo va de la mano con “los objetivos del Gobierno Nacional, el poder hacer historia, poder hacer procesos de reparación, con el objetivo final que son las garantías de no repetición, de procurar que estas atrocidades que hemos vivido no vuelvan a ocurrir».
