El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, puso en conocimiento el persistente riesgo y crecimiento paulatino de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales.
El funcionario dijo que se registraron 593 homicidios entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, es decir, un promedio de 15 víctimas por mes.
Estas cifras fueron entregadas ante la comunidad internacional durante la presentación de la Alerta temprana nacional de riesgo sobre la labor de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sus organizaciones y colectivos.
Allí recalcó que “el mapa nacional de riesgos analizados por nuestro Sistema de Alertas Tempranas advierte que los riesgos están identificados en 706 municipios y 16 áreas no municipalizadas de 32 departamentos, es decir en las dos terceras partes del territorio nacional. El riesgo es extremo en 120 municipios; alto en 258; medio en 203 municipios, y bajo en otros 125”.
“Reiteramos nuestro llamado para proteger la vida e integridad de todas estas personas. Sobre todo, por la violencia sostenida en contra de quienes hacen parte de los sectores comunal, indígena, comunitario, campesino o agrario y afrodescendiente, los más golpeados por la violencia, con el 79 por ciento del total de homicidios”, dijo Carlos Camargo Assis.
El Defensor del Pueblo explicó que su contenido se logra después de un proceso de monitoreo, análisis, valoración y advertencia del riesgo a la labor de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sus organizaciones y colectivos, en el mismo lapso de septiembre de 2019 a diciembre de 2022.
Del total de 593 víctimas, 519 eran hombres y 74 mujeres. Entre septiembre a diciembre de 2019 ocurrieron 51 homicidios; 182, en 2020; 145, en 2021, y 215, en 2022. Y al revisar los sitios donde ocurrieron los crímenes, el 52.6% los cometieron en 46 municipios de 14 departamentos (Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Huila, Magdalena, Arauca, Caquetá, Chocó, Bolívar, Córdoba, Guaviare) y en Bogotá.
Además, la Entidad registró un total de 2.974 conductas vulneratorias, de estas conductas, 2.851 fueron contra personas y 123 contra organizaciones y colectivos sociales y de derechos humanos. En cuanto a la afectación a personas, 2.028 fueron contra personas del sexo masculino y 823 del sexo femenino.
Llama la atención la violencia sostenida contra el sector comunal, indígena, comunitario, campesino o agrario y afrodescendiente, en los cuales usualmente ocurre la mayoría de conductas vulneratorias registradas.
También es preocupante la aparición de un importante número de conductas vulneratorias contra servidores públicos con labores de defensa de los derechos humanos, como funcionarios de la Defensoría del Pueblo y personeros, entre otros; además, activistas en derechos humanos, de defensa de los derechos de las mujeres, sindicales, líderes ambientales y gestores y/o constructores de paz.
En esta Alerta Temprana se advierte la exacerbación del conflicto armado y otras violencias conexas y la pandemia Covid-19 que a los líderes les trajo fracturas en la comunicación con la comunidad; dificultades en la movilidad; afectación en su economía; más brecha digital y otras afectaciones sicosociales, en salud mental y autocuidado.
El Defensor del Pueblo reiteró el enorme factor de amenaza que representan la presencia, tránsito, acción, injerencia, control o confrontación de los grupos armados ilegales y del crimen organizado contra las personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales. En esa medida, la Alerta Temprana da cuenta del endurecimiento de su accionar y de la interferencia sobre los liderazgos sociales especialmente con ejercicios de control social y gobernanza criminal.
La Alerta Temprana también señala que la existencia de una multiplicidad de espacios, planes y programas para la prevención y protección en torno a los liderazgos sociales es una fortaleza estatal; pero eso se ha visto menguado por las dificultades de la articulación institucional, tanto en lo nacional como en las diversas regiones. Esto, aunado a las acciones de grupos armados ilegales y del crimen organizado, potencia los riesgos contra las personas defensoras y líderes sociales.
Resulta preocupante que existe un subregistro de conductas vulneratorias contra los derechos de la población civil en gran parte del territorio nacional, especialmente sobre los derechos de quienes ejercen un liderazgo social. Esta situación se da por las dificultades de registro y denuncia, el aislamiento social que produjo la pandemia y la distancia que tomaron la población civil y las instituciones del Estado por las movilizaciones de 2021.
“A e debe trabajar más arduamente para la protección de estas personas y por eso entregamos 70 recomendaciones que contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta y responsables principales con las que pretendemos impactar en la acción estatal, de cara a la mitigación o disuasión del riesgo Defensoría del Pueblo”, concluyó el Defensor del Pueblo.
Durante la presentación, el enviado especial de la Unión Europea (UE) para la paz en Colombia, Eamon Gilmore, destacó que, de todos los modelos que ha conocido a lo largo del mundo, el informe presentado por el Defensor del Pueblo de Colombia es el ejercicio más integral, más completo y profundo que ha conocido sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
