El Fondo Mixto del Valle sigue dando de qué hablar por posibles actos de corrupción. Esta entidad ha manejado cerca de 500 mil millones de pesos de Regalías a través de contratistas que han tenido poca competencia entre sí.
En este sentido, según la Silla Vacía, 22 de los 33 proyectos que tiene la responsabilidad de administrar y ascienden a los 317 mil millones, han quedado en manos de contratistas cuestionados o que no han tenido experiencia para la magnitud de lo que están ejecutando y que algunos concentraron varios contratos. Casi todos recibieron plata sin poner un ladrillo.
La Gobernación del Valle, que está en manos del grupo político de Dilian Francisca Toro, directora del Partido de La U, maneja el Fondo. El departamento tiene el 99,3 por ciento, pero como el 0,7% es de privados, el Fondo puede entregar contratos sin someterlos a concurso público.
La plata del Ocad Paz que ejecutó el Fondo Mixto, dirigido por Lyda Caicedo, funcionó como lo hizo Fonade en la “mermelada” que entregó el gobierno de Juan Manuel Santos: usar una entidad de manejo político pero que puede contratar sin concurso público para elegir a dónde enviar el dinero.
Asimismo La Silla Vacía ha indicado que existen diferentes anomalías en la contratación.
Solo 11 de los 22 contratistas conocidos (el Fondo no ha publicado en el Secop los datos de 11 de los 33 proyectos que ejecuta con dinero para la paz) tenían experiencia en ejecutar obras tan grandes como las que se ganaron con el Fondo.
Otros 11, que se ganaron contratos que suman 149 mil millones, no tenían experiencia ni del 70 por ciento del valor del contrato que les adjudicaron, aún sumando su experiencia con la que han reportado en el portal de contratación estatal sus socios en consorcios y uniones temporales.
Además, el consorcio que se presentó para ejecutar una vía en Pueblo Bello (Cesar) por 29.177 millones de pesos, se desarticuló apenas el Fondo le entregó el contrato.
El socio clave era Inversiones Grandes Vías, porque le puso el músculo financiero a la propuesta. Esa empresa ha sido cuestionada por irregularidades en la ejecución de obras millonarias en el Caribe y se quedó con uno de los contratos para venta de batas que entregó el gobierno para atender la pandemia, pese a que se dedica a la construcción.
A pesar de la poca experiencia de los contratistas, en todos los casos el Fondo firmó contratos con anticipos, es decir, les pagaron con solo firmar el contrato y sin haber puesto un ladrillo. Además, en promedio, casi la mitad del valor de los proyectos ya está desembolsado, pero el avance físico está aún en pañales
En los 21 contratos publicados por el Fondo que reportan algún avance, se ha entregado en promedio el 45,4 por ciento de la plata, 134 mil millones de pesos, pese a que los contratistas apenas han avanzado en promedio el 13,04 por ciento en las obras.
Otras de las presuntas irregularidades encontradas están relacionadas con Melissa Clara Lizcano Araújo, quien tiene el 85 por ciento de un contrato por 13 mil millones de pesos para construir una vía en Milán (Caquetá) con la empresa Concretos y Obras Civiles. Su esposo, Juan Carlos González Mejía, es un político del Huila que está sonando como precandidato a la Gobernación impulsado por el controvertido alcalde de Neiva, Gorky Muñoz. González, como reveló La Silla, fue grabado pidiendo plata para la campaña de Muñoz a un concejal de Tumaco, a cambio de contratos en Neiva. En la conversación hablan de “compromisos” que se sellarían tras la entrega de la plata. Lizcano le negó a La Silla Vacía que las relaciones políticas de su esposo inicidieran en el contrato, aunque reconoció que era la primera vez que participaba en un proceso del Fondo.
• Libardo José Cuello: participa en tres contratos que se entregaron en el Cesar por 83 mil millones de pesos, en dos a nombre propio y en otro a través de Coincar, empresa que comparte con su esposa Laura Araujo. Según los reportes del portal de contratación estatal, tuvo una bonanza de contratos entre 2017 y 2018 donde ejecutó desde parques hasta vías en Valledupar, durante la administración de Augusto ‘Tuto’ Uhía, elegido alcalde con el respaldo del congresista conservador Ape Cuello. Libardo ha sido señalado en medios locales de ser de “la nómina de contratistas” del congresista Cuello y de ganar la ejecución de millonarios recursos en procesos de único oferente. Alcaldes dijeron a Blu que habían tenido que pagar coimas a Ape Cuello, algo que él ha negado. La Corte Suprema le abrió indagación por eso. En su trayectoria como contratista, Libardo Cuello se ha asociado, entre otros, con Intec de la Costa (empresa que hizo parte del Consorcio de Centros Poblados, señalado de quedarse con 70 mil millones de pesos). No quiso hablar con La Silla Vacía.
• Luis Guillermo Berrío: Representante legal de Saga, empresa que tiene el 10 por ciento del consorcio que se ganó para hacer una vía por 5.551 millones de pesos en La Paz, Cesar. En 2019 se quemó a la Alcaldía de La Uvita (Boyacá) con avales de Cambio Radical y de Partido Conservador.
• Henry Eduardo Lázaro: Dueño de Malcam Constructores, empresa que tiene el 30% del contrato para construir una vía por 30 mil millones de pesos en Condoto. Lázaro fue autor de una demanda que sirvió para que el departamento del Chocó pagara 5 mil millones de pesos por reclamos salariales de empleados de la Asamblea (entre esos, dos diputados). Por pagar, aunque no se debía, terminó condenado Roger Mosquera, exsecretario de Hacienda del Chocó.
• Jhon Fredis Asprilla Ibargüen: Tiene el 50% del consorcio que está ejecutando una vía en Nóvita (Chocó), por 9.923 millones de pesos. Fue capturado en 2018 por presuntas irregularidades en 2009 en una contratación en 2009. La Fiscalía lo acusó formalmente en 2019 y está en juicio.
• John Jairo Galíndez Santander y Óscar Gómez Burgos: Socios en el consorcio para construir unidades sanitarias en Policarpa (Nariño), por 6.336 millones. Según Cuestión Pública, hicieron parte de un carrusel de contratación por 48 mil millones durante la pandemia.
Por otro lado, en Cauca y Nariño el Fondo entregó tres contratos de proyectos agropecuarios por 42 mil millones de pesos a corporaciones que hasta entonces solo habían manejado proyectos por menos de mil millones de pesos.
La Cooperativa Cooproesp Ltda tuvo la mayor bonanza. Se quedó con un contrato para producir carne bovina en Rosario (Nariño) por 13.350 millones de pesos y con otro para producir cacao en Francisco Pizarro (Nariño), por 21.083 millones de pesos.
En 2021, esa cooperativa ganó en Francisco Pizarro otro contrato por 6.652 millones para administrar un proyecto de aves. El municipio intentó que el Fondo fuera el ejecutor, pero para ese momento ya empezaban las alertas y dentro del Ocad prefirieron que el municipio fuera el ejecutor. La cooperativa fue el único oferente en ese proceso de la Alcaldía.
Además, también con plata de regalías de la paz, Cooproesp se quedó con un contrato en 2021, de los municipios de Valle del Guamuez y San Miguel (Putumayo). La exigencia de experiencia en los pliegos de condiciones fue calcada de la que pidió Francisco Pizarro. También fue el único oferente.
La otra cooperativa que se quedó con plata entregada por el Fondo para temas agropecuarios se llama Coopdesurc, en un proyecto de aves en Miranda (Cauca), por 8.543 millones de pesos. Antes de ese contrato, el más caro que había ejecutado con el Estado, según el portal de contratación estatal, fue por 110 millones de pesos para logística en carnaval de negros y blancos en Nariño.
Helman Bernal, representante legal de Coopdesurc, le dijo a La Silla que por esa razón buscó una sociedad, pero su socio se dedica a contratar con el Bienestar Familiar y no a proyectos agropecuarios.
Cooproesp y Coopdesurc tienen varios vasos comunicantes. Han compartido gerentes, e incluso actualmente Jefferson Ordoñez Chávez, un economista que dirige varios proyectos de Cooproesp y que ha tenido contratos con alcaldías de Nariño para asesorarlas, aparece como directivo en las dos
Además, Cooproesp y Coopdesurc compitieron por sus respectivos contratos con la Fundación Unidos por Tu Futuro, que se presentó pese a que, según el portal de contratación estatal, el contrato más grande que ha manejado es de 947 millones de pesos. El Fondo le entregó a esa Fundación la interventoría del contrato de Cooproesp para cacao en Francisco Pizarro.
Helman Bernal de Coopdesurc, y Walter Burbano, representante legal de Cooproesp, negaron a La Silla que las dos cooperativas tuvieran negocios o relaciones y no dieron detalles de cómo llegaron al Fondo, salvo que se enteraron de que estaban entregando obras y participaron. Ambos reconocieron que no hacían parte previamente del “pool de aliados”, la lista de proponentes que puede concursar en el Fondo, sino que se inscribieron justo para participar por los recursos de la paz.
Además de la casi nula competencia que existió en los contratistas en los 22 proyectos que pudimos revisar, varios repiten.
Libardo Cuello, del Cesar, participa en tres contratos por 83 mil millones, Cooproesp se quedó con dos por 34.433 millones de pesos, y la sociedad de Omar Ortiz y Civing tiene dos contratos por 20.236 millones.
Los interventores, que son los encargados de vigilar que el contratista haga bien su trabajo e invierta bien la plata de la obra, también se repiten.
15 de las 22 interventorías se concentraron en siete personas o empresas, es decir, en promedio hay un interventor por cada dos obras.
En tres casos el interventor y el contratista son los mismos en más de una obra.
- En dos contratos que suman 63.491 millones en el Cesar, el contratista Libardo José Cuello tiene el mismo interventor: Mauricio Chávez, que ha firmado contratos principalmente en Valle del Cauca.
- En dos obras que suman 19.382 millones (una del Valle y otra del Cauca), el contratista, Alejandro Rojas, tiene como interventores a las empresas Gesco y Suve.
- En dos proyectos por 17.241 millones, en Miranda (Cauca), los contratistas Héctor Casas y JR Ingenieros Ltda tendrán como interventor a Manuel Julián Orejuela Rincón.
Además, Enrique Gutiérrez Cerón es el representante legal de los consorcios que se ganaron tres interventorías en mejoramientos viales en municipios del Cesar: La Paz, Pueblo Bello y San Diego. El medio local PulsoCo reveló que Luis Fernando Gutiérrez Cerón, hermano de Enrique, donó $10 millones a la campaña de Dilian Francisca Toro a la gobernación del Valle en 2015.
