Drummond Ltd es la quinta empresa más importante del país, con presencia en el corredor minero del departamento del Cesar, que comprende los municipios de La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Becerril y El Paso. Según el más reciente informe de la Superintendencia de Sociedades, su negocio de explotación de carbón generó en 2022 ingresos operacionales por $15.2 billones y una utilidad de $2.1 billones. A ello se suma la expansión de su negocio en Colombia con cinco licencias autorizadas en el país que superan el medio millón de metros cuadrados.
De acuerdo, a una investigación realizada por La Agencia de Periodismo Investigativo, esta empresa tras su bonanza económica de años en Colombia se esconde un caso por el presunto financiamiento de grupos paramilitares. Un asunto que parecía impune y es inédito porque su expresidente Augusto Jiménez Mejía y su actual presidente José Miguel Linares Martínez están acusados y enfrentan un proceso penal como autores de concierto para delinquir agravado, bajo la modalidad de promover y financiar grupos armados al margen de la ley. Estas son las pruebas inéditas al detalle.
Y es que tras 14 años de idas y venidas, el fantasma de la justicia aparece sobre el exdirectivo y el directivo de la Drummond. Luego de que en el año 2009 una Corte del Distrito Federal de Birmingham, Alabama, ciudad en la que se fundó la poderosa multinacional minera en 1935, fallara a favor de la compañía dos demandas de una organización sindical de Estados Unidos y sindicatos colombianos que buscaban que se declarara la responsabilidad de la multinacional en la violencia desplegada por grupos paramilitares en Colombia.
En ese momento, tres cortes de ese país desestimaron las pretensiones de herederos de sindicalistas de la Drummond asesinados por paramilitares, asegurando falta de competencia, argumentos sin soporte e incluso pretensiones ya desestimadas en demandas anteriores.
Sin embargo, recientemente, el tema se desempolvó de los anaqueles judiciales colombianos y, tras pasar por las manos de al menos seis fiscalías y sus respectivas cabezas, la Fiscalía 34 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, en una providencia de 131 páginas de segunda instancia, confirmó una decisión. La de una resolución de acusación proferida el 16 de diciembre de 2020, en contra de dos pesos pesados en la historia de la empresa minera Drummond.
Primeros títulos
La historia de la poderosa multinacional en Colombia ha sido similar al color del polvo del carbón que produce. Gracias a los títulos mineros para exploración y explotación que suscribieron en la década de los noventa, entre 1995 y 1997, la compañía extrajo 160 millones de toneladas de un carbón que se caracteriza por su alta calidad y niveles bajos de azufre y ceniza. La extracción se ha llevado a cabo en el Cesar, el departamento de Colombia que produce el 64% del carbón del país.
En el año 2007, el tristemente célebre contralor Julio César Turbay Quintero advirtió que hasta entonces se había registrado un posible detrimento patrimonial de la Nación de alrededor de $140.000 millones. Al año siguiente, la multinacional fue conminada a pagar una multa multimillonaria, pues había «olvidado» liquidar de manera adecuada las regalías a los municipios de La Jagua de Ibírico, El Paso y Chiriguana.
Para ese mismo año, se evidenció que la empresa había comercializado US$1.150 millones y, como en su momento lo denunció el economista Salomón Kalmovich, tenía gabelas tributarias como devolución de IVA e impuesto de renta, y exenta del pago de impuesto de industria y comercio y hasta del predial.
Un negocio pulpo, 10.000 hectáreas de explotación carbonífera a cambio del 10% de regalías a boca de mina. Pero, además de los reproches cíclicos en materia ambiental, laboral, tributaria, entre otros, el episodio más oscuro y que, luego de 23 años, aún tiene la opacidad de la justicia se remonta a los años 1996 a 2001.
Justo en los años donde arreció la atrocidad paramilitar que se escribió con sangre y vidas. El expediente que desempolva la Agencia de Periodismo Investigativo, API, revela que en esos años se creó, financió y promovió el frente Juan Andrés Álvarez del bloque norte de las autodefensas que operaron en El Becerril, El Paso, La Jagua de Ibírico, Agustín Codazzi y Chiriguaná. Justo los municipios en donde se ubicaban los títulos mineros entregados a la multinacional carbonífera en el despunte de 1990.
En esa misma época, los departamentos de Cesar y Magdalena estaban sitiados por las Farc y el Eln que arrasaban a su paso con el Código Penal. Secuestros, extorsiones, homicidios, hurtos, delitos sexuales, reclutamiento y hasta abigeato. Todo el catálogo de delitos ante la inacción del Estado, sus Fuerzas Militares y de Policía, y su justicia.
Ganaderos y políticos buscaron a las Autodefensas de Córdoba y Urabá, ACCU. De los primeros en dar el paso fue Jorge Gnecco, quien buscó a Salvatore Mancuso en Montería y este, a su vez, con Carlos Castaño en Valledupar.
Luego, Rodrigo Tovar Pupo, quien era amigo de tiempo atrás de Mancuso, selló el pacto. De esto le fue informado al entonces gobernador Mauricio Pimiento, condenado años después por la denominada parapolítica, asociación de políticos con paramilitares.
De este acuerdo surgió un grupo de 12 hombres que se trasladaron de Córdoba al Cesar al mando de René Ríos González, alias ‘Santiago Tobón’, y de Baltazar Meza, alias ‘Baltazar’. De ese frente hicieron parte Jesús Fontalvo, alias ‘El Pájaro’, integrante de las AUCC desde 1991, y Juan Basto Bernal.
Veinte días después, a ese grupo se unieron otros 12 paramilitares encabezados por Alfredo Lira Ortega, alias ‘Pata e caucho’, quienes arrasaron bajo la consigna contrainsurgente con cinco municipios del César en una barbarie compuesta por secuestros, torturas, desaparición forzada, homicidios y toda clase de atrocidades.
Aunque el frente Juan Andrés Álvarez cada vez era más sanguinario, solo hasta marzo de 2000 las autoridades decidieron perseguirlo tras el secuestro y la desaparición de siete investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, que habían llevado al municipio de La Paz a realizar el levantamiento del cadáver de un vendedor ambulante.
En ese momento, alias ‘Jorge 40’, quien se había convertido en la mano derecha de Mancuso, decidió aumentar la presencia del frente Juan Andrés Álvarez con grupos urbanos para que operaran en los municipios que recibían regalías de la Drummond, pues allí estaban las minas de carbón térmico.
Un grupo se encargó de los alcaldes locales para que les entregaran recursos provenientes de las regalías y otros, justamente, de las mineras. En una declaración de Alcides Manuel Mattos Tabares, alias ‘el samario’, quien fuera comandante del frente desde 2003, aseguró que la Drummond sí les entregó dinero para comandar el frente.
Sin embargo, y en un testimonio a Justicia y Paz, parece contradictorio el de Oscar José Ospino Pacheco, alias Tolemaida. Este aseguró que la minera no financió, pero a su vez fue condenado a 30 años de prisión por una juez especializada de descongestión OIT por el homicidio de Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, directivos sindicales de la multinacional Drummond, quienes protestaban por la alimentación y el trato de la compañía.
Justamente, y por declaraciones que han entregado a cuentagotas en Justicia y Paz y otros procesos, es que estos crímenes de lesa humanidad se han desempolvado en la justicia.
Vaivenes de un expediente
Quince años después de efectuarse el crimen, el expediente en contra de directivos de la Drummond se abrió y con ello empezó a pasar de mano en mano. Primero le fue asignada a la Fiscalía Octava Especializada de Valledupar, el 15 de febrero de 2016, pero ésta fue reasignada dos meses después a la Fiscalía 252 Especializada del Grupo de Compulsa de Copias e Investigaciones contra postulados excluidos. Casi un año después fue nuevamente distribuido, esta vez a la Fiscalía 247 Especializada.
Como los hechos endilgados al expresidente y representante legal de la empresa Drummond sucedieron antes de entrar en vigencia el Sistema Penal Acusatorio o Ley 906 de 2004, el proceso se lleva según los parámetros de la ley 600 de 2000. Es decir, tiene las ventajas de ser un proceso escrito y en donde la Fiscalía investiga y decide en su etapa instructiva si hace un llamamiento a juicio o no, pero es largo y tedioso.
Así las cosas, el 9 de octubre de 2018 se ordenó la apertura de instrucción y se vinculó a James Lee Adkins, Delbert Lee Loob, José Miguel Linares Martínez, Augusto Jiménez Mejía, Luis Carlos Rodríguez Victoria, Jorge Garzón Hernández, Alfredo Santander Araujo Castro, Ricardo Linero González y Roberto Guillermo Escobar Londoño. Seis meses atrás se había vinculado mediante indagatoria al expresidente de la empresa Augusto Jiménez.
Pero no finalizaba el 2018 cuando una vez más el proceso se redistribuyó, esta vez a la Fiscalía 251 Especializada, es decir, en menos de dos años conocieron el proceso cuatro fiscales distintos.
En 2019 la situación jurídica para la multinacional carbonífera fue aún más apremiante, pues la Fiscalía 75 especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos ordenó investigar en un mismo proceso otros hechos que estaba conociendo la Fiscalía 22 de la Unidad Nacional Antiterrorismo.
El 16 de diciembre de 2020, la Fiscalía 251 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados calificó el mérito de la instrucción y profirió resolución de acusación en contra de Augusto Jiménez Mejía y José Miguel Linares Martínez por los delitos de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promover y financiar.
La primera consideración que realizó el fiscal de instancia es que, a diferencia de lo que creía la defensa de los directivos, no se aplicaba en el caso el principio de non bis in ídem, es decir, la imposibilidad de alegar dos veces lo mismo, pues la decisión de una Corte en Estados Unidos se enfocó en una responsabilidad corporativa; por lo tanto, no hay cosa juzgada como pretenden los abogados.
También abordó el delito de concierto para delinquir, que puede ser, como lo ha reiterado la jurisprudencia, de lesa humanidad si la ilícita asociación se centró en cometer delitos de esa misma connotación.
Para ello resaltó que existe un aproximado de 3382 registros de víctimas de homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro, genocidio, entre los que se encuentra la masacre de Santa Cecilia el 28 de enero de 2000, la investigación por la muerte de siete investigadores del CTI el 9 de marzo de 2000 y la masacre del Salado en febrero de 2000.
«Ello, contra la población civil combatiente o no, quienes fueron irrumpidos en sus domicilios, para ser asesinados y/o desaparecidos, que torturaron, amenazaron y con la intención de causar zozobra, descuartizaron, siendo las operaciones caracterizadas por la sevicia y en plaza pública. Fue así como, con la consigna contra insurgente, declararon objetivo militar a líderes sindicales y comunales. Tal es el homicidio de Valmore Locarno y Víctor Orcasita, presidente y vicepresidente de la organización sindical Sintramienergética y empleados de la mina de la multinacional Drummond ocurrido el 12 de marzo de 2001, quienes fueron miembros del frente Juan Andrés Álvarez».
El auto del fiscal establece que solo con el fortalecimiento militar y económico, el frente Juan Andrés Álvarez pudo ostentar el control territorial del centro y norte del Cesar, cometiendo toda clase de delitos atroces.
Homicidios selectivos
Y justo en esa línea de tiempo se alcanzó el pico más alto de homicidios selectivos y masacres bajo el comando de Jhon Jairo Esquivel Cuadrado e Iscar José Ospino Pacheco, «de quienes se predican los vínculos que sostuvo Drummond Ltda a través de Jaime Blanco Maya, contratista de la multinacional, contra quien figura condena en firme por este nexo paramilitar, bajo la presidencia, representación y asesoría legal en Colombia de Augusto Jiménez Mejía y José Miguel Linares Martínez, de quienes se argumenta conocieron de ese contexto macrocriminal, el que afectó además a empleados de la multinacional que dirigían, y pese a ello, intervinieron en la contratación de Blanco Maya, por cuyo medio se destinaron los recursos al grupo armado ilegal», señala el documento judicial en uno de sus apartes más relevantes.
Ahora bien, en el expediente voluminoso también se detalla la afectación en materia de seguridad a la empresa y cómo a esta, así como a las demás fuerzas productivas del departamento, estaban agobiadas por la presencia de las Farc y el Eln, con múltiples atentados a la infraestructura, con extorsiones y demás, entre las que se fraguaron atentados a la línea férrea y retención de trabajadores. En ese sentido, declararon Delbert Lee Lobb, José Miguel Linares Martínez, Augusto Jiménez y, en indagatoria, Jorge Garzón Hernández.
Otro de los puntos evidenciados en el expediente es que los convenios de colaboración para que la Fuerza Pública suministrara protección a la empresa y, a cambio de partidas presupuestales, se suscribieron anualmente y a partir del año 2009, entre José Miguel Linares Martínez, representante legal de la Drummond, y Luis Manuel Neira como secretario general del ministerio de Defensa.
Una declaración importante fue la entregada por Raúl Esteban Sosa, un empleado de la Drummond y sindicalista, la cual se consignó en un análisis de contexto emitido por la Unidad de Restitución de Tierras.
Allí, el empleado aseguró que con anterioridad al homicidio de dos de sus compañeros, la seguridad de la empresa era provista por particulares que, a su vez, suministraban la alimentación, y quienes «portaban revólveres, guacharacas, pistolas, subametralladoras y eran coordinados por Charry; en 2007 corroboró que de allí el compromiso de mantenerle el contrato de la comida a ese contratista, quien tenía vínculos con algunos funcionarios».
Asimismo, en otra declaración de Sosa Avellaneda este aseguró que una de las cosas que quería que se investigara era que en el casino, es decir, el sitio de distribución de alimentos para los empleados de la multinacional, «donde nos dan la comida vemos siempre personal civil y armado (…) la empresa nunca se ha inmutado por hacer algo (…) yo sí tengo sospecha de que la empresa puede estar detrás de todo esto, de ninguna persona en particular, ya que el primer pasquín que salió parece que fue hecho por la empresa, por la redacción».
En este mismo sentido, declararon nueve empleados quienes reiteraron que se evidenciaba presencia de personal armado ajeno a la seguridad de la empresa en el casino y advirtiendo que extrañamente los trabajadores de la multinacional estaban exentos de cancelar el impuesto que para esa época se pagaba a los paramilitares, «así como se podía observar cómo personal civil armado que de conocimiento pertenecía a las AUC, ingresaban a tanqueta sus camionetas y andaban como pedro por su casa, destacando la portabilidad de armamento con la que estas personas contrataban».
También se cuenta con un informe del 17 de noviembre de 2000 titulado «Información sobre amenazas a sindicalistas de la empresa Drummond Ltda.», en el cual se resaltaron las labores de verificación realizadas, así como un reporte del hoy extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en el que se puso de manifiesto la situación de los miembros del sindicato, quienes tenían riesgo de seguridad, así como amenazas de muerte por parte de sujetos que se identificaron como integrantes de las autodefensas, «situación conocida por los directivos de la empresa Drummond».
Otro de los puntos determinantes fue la información que en vida aportó Valmore Locarno Rodríguez acerca de las amenazas que recibía, los panfletos en los que se señalaba a la junta sindical como guerrilleros, así como amenazas contra Favio Coral, situación que fue puesta en conocimiento de la Procuraduría, el Programa de Protección, así como a Augusto Jiménez en su momento presidente Drummond y a Ricardo Urbina en condición de Supervisor de Recursos Humanos.
«Para la Fiscalía resulta claro la grave afectación de seguridad y económica que causó para Drummond Ltda. el desarrollo carbonífero, en una zona y época donde la guerrilla hacía presencia y acudía a agredir la infraestructura y el personal, para lograr exigencias y extorsionar. Lo que condujo a que, lejos de repeler la presencia paramilitar en el casino, administrado por Jaime Blanco, condenado precisamente por esos nexos con autodefensas y quien contrató como jefe de seguridad a Jairo de Jesús Charris Castro, también condenado por dichos vínculos ilegales».
El ente acusador en sus autos también lanzó sendas aseveraciones demoledoras. Asegura que la compañía esperó hasta que sucedieran sucesos tan graves como el homicidio de los líderes sindicalistas, quienes insistentemente, directamente y a través de instituciones, reuniones, peticiones, estudios de seguridad y recomendaciones, informaron y pusieron de presente a los directivos de la multinacional Drummond la situación hostil que padecían, la presencia armada donde ingerían los alimentos, las amenazas con estigmatización de guerrilleros, para contrastar un servicio de vigilancia formal y regular, en el suministro de un servicio tan álgido, en ese momento, como los alimentos.
La Fiscalía llamó la atención en que se fue absolutamente pasivo en rechazar el ingreso de personal civil armado a las instalaciones de la compañía y más aún en donde se proveían los servicios de alimentación contratados por la empresa y para vincular a una empresa de vigilancia debidamente autorizada para tal fin, un tema de seguridad que competía y era del resorte de Linares Martínez.
Con tal actuación claramente, se permitió, se toleró, se promovió la presencia paramilitar en sus instalaciones, cuando era de su competencia repeler tal presencia, lo que solo contribuyó a enseñar y mostrar el control de las armas por parte de la organización ilegal que hacía presencia en el Cesar, frente a un sector vulnerable y gravemente afectado como los líderes sindicales de la Drummond», resalta otro de los documentos del expediente.
Montaje de alimentos
También se reprocha el hecho de que el casino no era distante de la administración de Drummond, y que fue ésta la que financió el montaje para el contratista Industrial de Servicios y Alimentos Ltda, ISA. Y se pregunta por qué no se hizo nada a pesar de que durante cinco años los empleados denunciaron personal civil armado justo en ese lugar, y no solo no se repelió sino que además no se contrató a una empresa de vigilancia especializada y autorizada como dice la fiscal, lo reconoció el presidente de la multinacional Augusto Jiménez.
Otra de las piezas procesales que parece cerrar el cerco es justamente la declaración del condenado contratista de la Drummond Jaime Blanco Maya, quien desde 1996 y 2001 tenía la labor de suministrar la alimentación diaria de la mina de carbón del municipio El Paso, corregimiento La Loma de Calenturas, a través de su empresa Industrial de Servicios y Alimentos Limitada, ISA.
El 6 de febrero de 2012, ante el Juzgado Once Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en audiencia pública, el contratista narró cómo se realizó la financiación por parte de la empresa a las autodefensas.
«Yo era una especie de filtro entre la multinacional Drummond y las autodefensas». Luego aseguró que Alfredo Araujo, quien se desempeñó en el área de relación con las comunidades, fue una de las personas que lo recomendó para el trabajo; la empresa le prestó el apoyo económico para la construcción del centro de producción de alimentos, le pagaba cada 15 días para que tuviera flujo de caja.
Su contacto aseguró era Jim Adkins, quien le facilitaba los beneficios, «pues, las compañías mineras como Drummond, apoyaron la fundación y expansión de las AUC, para proteger sus bienes y empleados de ataques de la guerrilla».
Blanco, el contratista, aseguró que se estableció que se pagarían cinco millones de pesos mensualmente al frente de las autodefensas que en ese momento comandaba alias ‘El Tigre’ y que estos serían pagados a través de la empresa de alimentación ISA.
También señaló que otros $25 millones serían pagados por Drummond en pagos efectivos de Adkins o por medio de ISA, que salían de los alimentos y servicios sobrefacturados. «Yo siempre fui el encargado de entregar ese dinero al tigre directamente, o a la persona que el tigre designara para recibir los fondos», detalló.
En la declaración, Blanco aseguró que el dinero que recibió alias El Tigre iba directamente al frente de las AUC y que cuando este fue capturado, continuó haciendo los pagos a través del abogado José Alfredo Daza Ortiz; luego continuó haciendo los pagos a alias Tolemaida a través de Adinael.
Dice que el primer pago se hizo entre junio y julio de 1997, y que luego cada mes sin falta se dirigía hasta un sitio en la carretera entre Bosconia y La Loma llamado Cuatro Vientos, en un restaurante de Benedicto Estupiñan, quien años después fue asesinado en la Cárcel La Modelo.
Cuando El Tigre fue capturado, los pagos se los hacía al abogado Daza Ortiz, con quien se encontró en varios sitios para recibir el dinero, pero luego llegó otro comandante alias Tolemaida, quien modificó el sitio de recepción de pago, y así siguió hasta junio de 2001, cuando finalizó su contrato de suministro de alimentos con la Drummond. Dicha declaración la reiteró varias veces.
Blanco suscribió el primer contrato DLTD C025-96 en 1996 con José Miguel Linares, el entonces vicepresidente corporativo. Luego, para incrementar los mismos, se puso de acuerdo con James Adkin. Las prórrogas las suscribió el gerente de la mina en ese momento, y el de terminación lo suscribió directamente el presidente mundial de Drummond, Mike Zervos.
También aseguró que los contratos normales, después del incremento injustificado, los firmaron Delbert Lee Lobb, gerente general de operaciones de la mina. Aseguró que José Miguel Linares, Augusto Jiménez y Juan Fernando Serrano, el jefe de recursos humanos, también tienen conocimiento de esto.
En la indagatoria del 30 de mayo de 2013, Blanco entregó más información. Señaló que, según le contó James Hadkins y por lo que él mismo percibió por el manejo o poder que él tenía en la empresa, siempre le manifestó que dependía directamente de Gary Drummond y que este estaba enterado de todas las cosas que ocurrían en la mina.
«En cuanto a Augusto Jiménez, José Miguel Linares y Jaime Bernal Cuellar, me consta el conocimiento que ellos tenían de los hechos, puesto que en varias reuniones lo comentamos y yo se lo manifesté abiertamente. Estas son las personas a quienes me refiero como altas en Colombia y los Estados Unidos», aseguró.
Con respecto a la responsabilidad de Augusto Jiménez, dice la fiscalía que él se desempeñaba como gerente jurídico y que José Miguel Linares Martínez fue quien suscribió el contrato con Isa.
El primero tenía la función de establecer, implantar y dirigir el servicio de asesoría jurídica en la empresa y, por ende, ajustar todas las actuaciones a la normatividad colombiana.
De su resorte era la realización de las minutas contractuales con las empresas de seguridad. Por lo tanto, más condiciones de seguridad para los empleados; las amenazas, la presencia armada civil en el casino no le eran indiferentes ni aislados de su competencia.
«Por lo tanto, para la fiscalía resulta trascendental el aporte que José Miguel Linares Martínez dio, desde su condición de gerente legal y vicepresidente de Drummond Ltda, para asegurar, mes a mes, desde 1996 hasta 2001, el pago a las autodefensas, por medio de la contratación de alimentación en la mina», aseguró la fiscal en la valoración de la prueba testimonial.
En su defensa, la multinacional asegura que los hechos materia de investigación ocurrieron entre los años 1996 y 2006 y que, como el Sistema Penal Acusatorio entró a regir el 1 de enero de 2005, le corresponde la investigación por esta vía procesal y no por el sistema anterior o Ley 600, por lo que propuso una nulidad de todo lo actuado.
También asegura que, aunque fuera en Ley 600, el proceso carece de auto de apertura de investigación e incluso alegó falta de competencia de varios fiscales que conocieron el caso. Asimismo, sostiene que una fiscalía resolvió la situación jurídica de los directivos como concierto para delinquir agravado y otro despacho de ese y otros delitos.
Dos sindicalistas asesinados
Sin embargo, la Fiscalía 34 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá desestimó los argumentos de la defensa y confirmó íntegramente la resolución de acusación en contra de las directivas de la Drummond. Pero hay más detalles en el crimen de los dos sindicalistas que enredan al exdirectivo Jiménez y al directivo Linares.
El 12 de marzo de 2001, en Valledupar en la vereda Casa de Zinc, dos empleados de la multinacional que también fungían como presidente y vicepresidente de la organización sindical Sintramienergetica, y quienes se desplazaban en uno de los buses asignados para el traslado de empleados, fueron interceptados por integrantes del frente Juan Andrés Alvarez de las autodefensas.
Hombres armados obligaron a los pasajeros a descender del vehículo y al identificar a Locarno Rodríguez lo despojaron de su arma de fuego y le cegaron la vida con un solo disparo.
El otro pasajero, Orcasita Amaya, aparentemente fue secuestrado, pero horas después su cuerpo fue hallado en el Corregimiento Loma Colorada del Cesar. Los perpetradores del crimen años después fueron judicializados y condenados por estos hechos.
Por su origen, su negocio, sus actividades extracomerciales, la región, el conflicto y la forma como sus directivos han asumido el manejo de la empresa, el caso de la Drummond es de la mayor relevancia en la actualidad.
Al punto que la semana pasada en su recorrido el presidente Gustavo Petro se refirió a lo que piensa de la explotación de carbón en Colombia: «Hoy nadie que esté metido en el negocio del carbón en el mundo planea ampliar el negocio. Lo que empieza a discutirse es cómo se cierra el negocio del carbón».
El primer mandatario indicó además que: «Este es el gobierno de Colombia, debemos tomar decisiones. Una nación soberana no le tiene miedo a demandas internacionales cuando sabe que hace lo justo. Es una oportunidad para discutir la pertinencia de la explotación de carbón que esta ocasionando daños».
Origen de un negocio con líos
Drummond Company INC, es una multinacional minera estadounidense cuyo origen se remonta a 1935 en Birmingham, Alabama, cuando Herman Edward Drummond la fundó. Hoy sigue en cabeza de la familia Drummond.
Ocho décadas después, la compañía según registros públicos opera una mina en Alabama, varias en Colombia y es la tercera exportadora de carbón más grande del mundo, controlando más de dos billones de toneladas de reservas y comercializando 29 millones de toneladas anuales.
En Colombia incursionó en el año 1987 a través de Drummond Ltda con contratos de exploración en el Cesar. Ocho años más tarde inició la explotación de la mina Pribbenow o proyecto carbonífero La Loma que comprende los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná, Cesar.
Tres décadas después, en el año 2018, la multinacional fue la que más ingresos generó en su área con $6.3 billones y utilidades de alrededor de $300.000 millones. Sin embargo, sus ingresos operacionales y utilidades han sido directamente proporcionales a sus controversias.
En el año 2013 se impuso una condena de 38 años de prisión en contra de José Maya Blanco, uno de los contratistas de la compañía, por homicidio agravado y concierto para delinquir, justamente de los directivos sindicales de la empresa Víctor Orcasita y Valmore Locarno.
En el expediente, Blanco afirmó que la empresa minera financió a grupos paramilitares, esto a través de la firma que tenía a cargo los servicios de alimentación y curiosamente también de vigilancia, Industrial de Servicios y Alimentos, ISA.
Ese mismo año, la multinacional fue acusada de haber arrojado más de 1.500 toneladas de carbón al Mar Caribe, generando un impacto ambiental, lo que luego de las denuncias periodísticas conllevó a que la Unidad de Delitos Contra el Medio Ambiente imputara cargos a seis empleados de American Port Company, adscrita a la multinacional.
Ante el escándalo, la Agencia Nacional Minera suspendió la autorización del cargue de carbón durante un mes y aplicó una multa de alrededor de $7.000 millones, además de conminar a la empresa a cambiar su sistema de cargue.
No conformes con el riesgo ambiental que suscitaron, demandaron al Estado en 2016 por casi un billón de pesos por haberles cambiado el sistema de cargue de carbón.
Licencias con pasado, presente y futuro
Actualmente, en la Agencia Nacional Minera, Drummond tiene cinco títulos: el 078-88 del 20 de junio de 1990, un contrato en virtud de aporte por 48 años con un área de más de 65,6 millones de metros cuadrados que abarca Chiriguaná con un porcentaje de participación del 17,09%, La Jagua de Ibirico con el 69,64% y El Paso con 13,27%.
También está vigente el título 283-95, suscrito el 14 de febrero de 1996, con una duración de 39 años en un área solicitada de 69,3 millones de metros pero concedida de 163,9 millones de metros cuadrados, con una participación de la compañía del 100% en un contrato en virtud de aporte.
Además, está el título 284-95, cuyo estado jurídico es terminado y en integración de áreas, suscrito el 26 de agosto de 1996 por un término de 24 años, con un área de 94,5 millones de metros cuadrados para la extracción de carbón en La Jagua de Ibírico, con un 13,45% de participación, y Chiriguana con 86,55%.
Otro de los títulos que encabeza la multinacional, pero que está suspendido, es el 056-90 para la exploración de 21,3 millones de metros cuadrados, con una duración de 49 años y suscrito el 19 de junio de 1990.
Y uno más, este sí vigente, suscrito el 4 de junio de 1998, número 144-97, con una duración de 31 años para la exploración y explotación en 315,15 millones de metros cuadrados en los municipios de Chiriguaná, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibírico y El Paso, con una participación del 8,27%, 19,81%, 42,59%, 7,13% y 22,21% respectivamente.
A pesar de todas las controversias y señalamientos de toda índole, en el año 2021 se anunció que la Agencia Nacional Minera, en cabeza de Juan Miguel Durán, y Drummond suscribieron contratos de mediana minería conocidos como Rincón Hondo y Similoa para producir 3,5 millones de toneladas de carbón térmico al año, con un 8% para la Nación, 5% en regalías y 3% en compensación.
Justamente, uno de los acusados formalmente, José Miguel Linares, presidente de la multinacional, aseguró: «Es una nueva noticia para Drummond, sus más de 5.000 empleados directos para el Cesar, el Magdalena y el país», aseguró.
Frente a los señalamientos de la justicia, la compañía expreso que «fue informada de la decisión de la Fiscalía General de la Nación de confirmar sus acusaciones en contra de Augusto Jiménez, ex presidente de Drummond Ltd., y de José Miguel Linares, actual presidente de Drummond Ltd. Estas acusaciones no están sustentadas en pruebas creíbles y se basan, principalmente, en declaraciones falsas de delincuentes convictos, que recibieron pagos por su testimonio».
La multinacional indicó que lo que existe en su contra es un cartel de falsos testigos, promovido por un abogado norteamericano y abogados colombianos, que demandaron a la empresa en Estados Unidos, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, lo que han logrado es que estos paramilitares repitan sus mentiras ante la Fiscalía y ante la JEP.
«Drummond reafirma su apoyo y confianza en José Miguel Linares y Augusto Jiménez, y continuará apoyándolos plenamente en la fase de juicio de este asunto. Drummond confía en que cuando se presenten todas las pruebas se demostrará la inocencia de sus ejecutivos ante los tribunales judiciales correspondientes», puntualizó la compañía.
