En medio de un panorama social y económico complejo, la aprobación en el Senado del acto legislativo que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP), incrementando el porcentaje de transferencias de la Nación a los entes territoriales del 21 % al 39,5 %, y que deberá seguir su curso en la Cámara de Representantes, representar una oportunidad histórica para la sociedad colombiana. Esta iniciativa no solo busca fortalecer la capacidad financiera de los entes territoriales, sino que, en un contexto más amplio, puede constituirse en la base para la construcción de una verdadera autonomía territorial, esencial para el desarrollo integral del país.
Durante más de veinte años, los entes territoriales han estado limitados por un sistema de distribución centralizado y restrictivo que no siempre responde a sus particularidades sociales, económicas y geográficas. Esta nueva ley, por lo tanto, marca un cambio hacia una visión de gestión pública más equitativa y sensible a las necesidades locales, en la que el bienestar de cada comunidad, y no solo el desarrollo de las grandes ciudades, sea el motor de las políticas públicas.
Para lograr que el impacto de esta iniciativa sea efectivo, resulta urgente avanzar en la formulación de una Ley de Competencias de los entes territoriales y una Reforma Política que haga del constituyente primario el actor fundamental en la planeación y la vigilancia de los recursos públicos. El aumento de transferencias, contemplado en el nuevo SGP, permitirá que las comunidades representadas en los entes territoriales cuenten con mayores recursos para responder a sus necesidades específicas y a su visión de desarrollo, sin depender exclusivamente de las oficinas centrales de las entidades nacionales.
Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el aumento de las transferencias de forma progresiva, como lo plantea el acto legislativo, y la definición legal de las competencias de los entes territoriales —ya sean municipios, departamentos, entidades territoriales indígenas o consejos comunitarios afrodescendientes, que también deberán fortalecerse en su autonomía y gobierno propio—, no garantizan por sí solos que los recursos impacten positivamente la vida de las personas tradicionalmente empobrecidas y vulneradas.
Para lograr una verdadera transformación territorial y el fortalecimiento de la democracia en Colombia, es necesario que el nuevo Sistema General de Participaciones y la Ley de Competencias vayan de la mano de una Reforma Política que permita dar protagonismo al constituyente primario, es decir, al pueblo. La ciudadanía debe tener un rol protagónico en las decisiones que les competen, y esto puede ser posible si se habilitan mecanismos democráticos que permitan intervenir directamente en la planeación, gestión, vigilancia y evaluación estratégica de las políticas a corto, mediano y largo plazo.
Desarrollar mecanismos asamblearios periódicos de carácter democrático, en los cuales deberán interactuar las diversas expresiones de la sociedad, se convierte en una necesidad central para dinamizar el diálogo y facilitar una identificación prospectiva del desarrollo y la permanencia en el territorio. Con recursos disponibles y un control efectivo de la corrupción, la población en los entes territoriales podrá atreverse a ordenar su territorio alrededor del agua, proteger el medio ambiente y construir una educación pertinente a sus propias necesidades y oportunidades.
Aumentar las transferencias progresivamente, definir las competencias de los entes territoriales, fortalecer la democracia directa y el poder de decisión de la ciudadanía son elementos constitutivos de una misma ruta para superar la corrupción y la exclusión social, comunitaria, territorial, política y económica, consolidando así los derechos y deberes del constituyente primario. La salud, la generación de ingresos, el agua potable, la energía limpia, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la vivienda y la recreación dejarán de ser un sueño, y de los territorios emergerá un Estado legítimo capaz de proteger los derechos humanos.
La sociedad colombiana, el Gobierno Nacional, las entidades estatales, la academia, las organizaciones sociales, los partidos políticos y el Congreso de la República, entre otros actores, cuentan con valiosas experiencias como las asambleas territoriales constituyentes, los programas de desarrollo y paz, las mesas de diálogo para superar la violencia armada, los diálogos territoriales, los mecanismos de participación acordados con las guerrillas y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Estas experiencias ofrecen una oportunidad para consolidar una propuesta que garantiza que la soberanía resida exclusivamente en el pueblo (art. 3° de la Constitución Política Nacional), promoviendo así la paz territorial y la reconciliación nacional.
