Líderes campesinos solicitaron incidente de desacato y arresto contra el director de la Sociedad de Activos Especiales—SAE zona Norte, Juan Pablo Valbuena Anaya. En efecto, el presidente de la Asociación de Campesinos Montes de Dios de Cachenche, Arnaldo Tovar y la dirigente campesina Judith María Jiménez Ramírez, presentaron ese incidente de desacato ante el juez Primero Promiscuo de Turbaco, Miguel Antonio Gloria Payares. El incidente busca que el juez haga cumplir las órdenes emanadas del fallo de tutela que amparó los derechos fundamentales de los campesinos.
Con esa solicitud que radicó ante el juez buscan que se cumpla la orden de realizar el censo de las 200 familias y se inscriban las que llenen los requisitos de ley ante el Registro de Sujetos de Ordenamiento—RESO de la Agencia Nacional de Tierra—ANT. Si bien el juez no amparó los derechos fundamentales solicitados, sí ordenó unos pasos previos que se deben tener antes de tomar una decisión de desalojo. Esto tiene como finalidad evitar que se vulneren los derechos constitucionales de los campesinos.
Como lo informamos oportunamente, el director de la SAE, región Costa Caribe, Juan Pablo Valbuena, le envió el oficio No CS2021—021382 al presidente de la Asociación de Campesinos, Arnaldo Tovar mediante el cual le solicita que haga entrega real y formal de los predios de Cachenche. Los campesinos consideran que esta solicitud no responde a lo ordenado por el juez que solicitó la intervención de la ANT.
En el mes de marzo los campesinos presentaron una acción de tutela que, aunque no dio el amparo de los derechos fundamentales invocados, sí ordenó varias acciones que las agencias del Estado debían cumplir antes de proceder a implementar la medida policiva de restitución del predio.
Solicitan desacato y arresto
El documento para la solicitud del incidente de desacato está constituido por 35 páginas, fuera de los anexos que lo acompaña. Los campesinos consideran que el director Valbuena entró en desacato de la orden de tutela. De manera que eso es constitutivo de fraude a resolución judicial.
Por esa razón, le piden al juez que decrete el arresto del funcionario responsable hasta por 6 meses. También solicitan multar hasta con 20 salarios mínimos al representante legal Valbuena Anaya.
En consecuencia, le solicitan a la SAE que revoque la solicitud de entrega formal y material del predio debido a las irregularidades que se presentaron. En ese sentido, consideran que si el director del Caribe se mantiene en su posición, dicha solicitud de revocatoria directa debe ser considerada por el director nacional de la SAE. Esto, porque así lo señala el art. 93 de la Ley 1437 del 2011, según los demandantes.
