Un nuevo escándalo de corrupción amenaza la estabilidad del sistema de salud colombiano, tras la denuncia presentada por la Superintendencia Nacional de Salud. Este organismo alertó sobre posibles irregularidades en la administración de recursos de cuatro entidades promotoras de salud (EPS), tres de ellas intervenidas, tras recibir una información crítica el pasado 22 de septiembre. Las investigaciones se centraron en Mario Andrés Urán, quien habría tenido un papel clave en la supuesta manipulación de contratos y en la gestión de recursos en varias EPS.
En respuesta a la gravedad de las acusaciones, la Superintendencia realizó auditorías sorpresivas el 25 de septiembre a Coosalud EPS S.A. y a las EPS intervenidas Servicio Occidental de Salud S.A. (S.O.S.), Asmet Salud EPS S.A.S. y Emssanar EPS S.A.S., ubicadas en varias ciudades del país.
El análisis reveló irregularidades alarmantes, que incluyen:
Confabulación para Contratos: Urán es señalado de orquestar un esquema para direccionar contratos hacia determinadas IPS, favoreciendo a ciertos proveedores en detrimento de otros.
Pagos Sin Justificación: Se descubrió una preocupante concentración de pagos a algunas IPS sin la debida justificación, afectando la distribución equitativa de recursos.
Costos Ocultos: La realización de pagos a terceros para tareas que deberían ser realizadas por los agentes interventores generó sobrecostos.
Interferencia en Procesos: Los interventores habrían tenido que solicitar autorización a Urán para gestionar giros directos de recursos, lo que plantea serias dudas sobre la independencia de la supervisión.
Favorecimiento de Marcas: Se investiga un plan de compra que habría beneficiado a ciertos laboratorios, con la presunta colaboración de individuos como Indira Ocando y Tony Negrette.
Amenazas a Funcionarios: También se reportaron intentos de intimidación hacia empleados de la Superintendencia, comprometiendo su seguridad y funciones.
La Superintendencia aclaró que las EPS bajo intervención no están coadministradas y que las medidas de vigilancia se mantienen firmes. El superintendente, Luis Carlos Leal Angarita, llevó las evidencias ante la Fiscalía General de la Nación el 22 de octubre, demandando una investigación a fondo sobre las irregularidades detectadas.
