La Superintendencia de Servicios Públicos abrió una investigación administrativa a las empresas Interaseo S.A.S. E.S.P. y Aseo Técnico de la Sabana S.A.S. E.S.P. (Atesa), por presuntos incumplimientos al régimen de prestación del servicio público de aseo en el Distrito.
Al término de las averiguaciones preliminares iniciadas el pasado 19 de agosto de 2022, la Superservicios formuló pliego de cargos contra estas dos empresas por presuntas irregularidades en la cesión que Interaseo hizo a Atesa, de los contratos de condiciones uniformes en el marco del Contrato de Concesión 07 de 1993 suscrito con la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (Essmar); y por presuntas irregularidades en la prestación del servicio público de aseo. Al respecto, el superintendente, Dagoberto Quiroga Collazos, manifestó que “La apertura de investigación se formalizó teniendo en cuenta los hallazgos evidenciados en el desarrollo de la visita de inspección y vigilancia realizada del 9 al 11 de agosto pasado, así como las manifestaciones que hicieron las empresas investigadas en el desarrollo de la averiguación preliminar. La superintendencia identificó presuntos incumplimientos al régimen de prestación de servicios públicos domiciliarios definido en la Ley 142 de 1994, el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015; así como disposiciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico”.
El embeleco formado a espaldas de la ciudad no quedó a oscuras. La Superservicios se dio cuenta de los presuntos incumplimientos a condiciones señaladas por las normas para la prestación del servicio, entre ellas: utilizar vehículos de recolección y transporte de residuos sin las características requeridas, no haber reportado la finalización de actividades en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos (RUPS), no haber informado debidamente a los usuarios la cesión del contrato de condiciones uniformes. Además, se evidenció que la empresa no contaba con vehículos recolectores de reserva suficiente y su Plan de Emergencia y Contingencia no estaba ajustado a la reglamentación expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Para el caso de Atesa, empresa que entró a operar el pasado 1 de agosto de 2022, la Superservicios también detectó presuntos incumplimientos a las normas, entre ellos: no contar con las características requeridas para la identificación de los vehículos recolectores, ni con un estudio de costos y tarifas para el servicio público de aseo aprobado por la entidad tarifaria local y publicado para conocimiento de la comunidad.
Igualmente, se evidenció falta de identificación de la empresa en los uniformes de los operarios y en las vallas informativas de las labores de poda de árboles y corte de césped. Asimismo, su Plan de Emergencia y Contingencia no estaba ajustado a la reglamentación expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Además, se encontró que, presuntamente, la empresa no informó al público las nuevas frecuencias y horarios de la prestación del servicio público de aseo, y no contaba con instalaciones para la atención de peticiones, quejas y reclamos. Todas estas denuncias fueron hechas por la administración distrital, que evidenció estas irregularidades dejadas para bloquear la ciudad, tal y como se «esmeró» hacer en todo su gobierno Iván Duque.
