A tres años de creado el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), este ha tenido que pasar por múltiples trabas, lo que ha llevado a que prácticamente en este momento esté en una crítica situación en medio de su implementación, lo que ha puesto sobre la mesa que lejos está el Gobierno en cumplir con el punto 4 del Acuerdo de Paz.
A partir de lo encontrado durante la construcción del informe La implementación estancada del capítulo étnico, se pudo estableces que es justamente la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito uno de los de puntos del Acuerdo de Paz con mayor dificultad en su implementación, principalmente por la poca voluntad política del Gobierno Nacional, que ha preferido por distintas vías seguir priorizando y posicionando en el debate la erradicación forzosa manual y la fumigación por aspersión aérea con glifosato.
Lo anterior ha estado atravesado por el crecimiento sostenido de distintas Estructuras Armadas Organizadas (EAI), además del incremento de las violencias contra líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de Derechos Humanos, adicionando que en este panorama también se debe nombrar que aunque hay presencia de Fuerza Pública en algunos territorios, a ésta también se le ha implicado con hechos de vulneraciones, pues, por ejemplo, el sistema de información registra en este 2020, al menos, 05 ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública en medios de operaciones de erradicación.
En este escenario, Colombia se ha convertido en el país en que más defensores y defensoras de derechos humanos (DDH) pierden la vida y esto ha ocurrido en medio de un cerco de impunidad que se agrava por un enfoque estrecho de seguridad.
Así, de acuerdo con datos de la organización internacional Front Line Defenders, en 2019 el país concentró el 35% de todos los asesinatos de DDH del mundo (2019) y esta tendencia la ha reafirmado la organización Global Witness, cuyos reportes mostraron que Colombia también es el país más peligroso para para los y las activistas medioambientales.
Esta situación es extensible al caso de los y las DDH de comunidades étnicas, quienes fueron registradas como el tipo de liderazgo más agredido de 2019, según cifras de Somos defensores. En total, de las 835 víctimas de agresiones individuales que el SIADDHH registró en 2019, 271 fueron indígenas y 66 afrodescendientes.
En línea con lo anterior, la información del SIADDHH, muestra que el tipo de agresión más común de todo el 2019 fueron las amenazas, para un total de 399 casos en contra de DDH y en estas acciones, de nuevo, los liderazgos étnicos fueron los más afectados, con 139 víctimas: 108 pertenecientes a comunidades indígenas y 31 afrodescendientes, siguiendo lo informado por Somos Defensores.
Así, de acuerdo con información de distintas entidades del Estado, los departamentos que mayores riesgos representan para las comunidades étnicas actualmente son Cauca y Chocó – lugares donde confluyen altos riesgos tanto para pueblos indígenas como para pueblos negros y afrodescendientes-; y Meta, Casanare, Vaupés, Antioquia y Valle del Cauca, que figuran como los de mayores riesgos para pueblos indígenas.
Para el caso de las comunidades indígenas, la ONIC ha manifestado que durante todo el 2019 los homicidios de líderes, lideresas y autoridades tradicionales, las masacres, el desplazamiento forzado individual y colectivo, la violencia sexual, las amenazas individuales y colectivas, los señalamientos, los combates dentro y cerca de los resguardos y territorios ancestrales, la militarización de los territorios, la ocupación de sitios sagrados y el reclutamiento forzado, entre otros, continúan siendo fuentes constantes de violaciones a los derechos humanos en contra de sus comunidades y liderazgos.
Asimismo, las organizaciones afrocolombianas han denunciado que el patrón de ataques contra sus liderazgos ha adquirido características “muy graves que evidencian una estrategia para socavar las posibilidades de gobierno con autonomía y acción colectiva” (PCN, 2020) y que impiden que se materialicen sus derechos étnicos.
El PNIS en territorios étnicos
Este tipo de vulneraciones diferenciales también han tenido sus efectos en la implementación del PNIS. Por un lado, y en relación con lo mencionado anteriormente, la presencia de actores armados ha sido una de las principales dificultades que impidieron iniciar el proceso de sustitución voluntaria.
Hay que mencionar que de acuerdo con la información de la ART, el ODC y SIMCI/UNODC con corte a 31 de diciembre de 2019, a nivel nacional se contabilizan 40 resguardos indígenas en los que se llevan a cabo procesos de erradicación voluntaria mediante el programa PNIS, 23 de estos resguardos se concentran en la región Pacífica (departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño), 11 en los departamentos del Putumayo y Caquetá, y los otros 6 en los departamentos de Meta, Guaviare, Amazonas y sur de Bolívar.
Y aunque hay un mayor porcentaje en el Pacifico, no solo de resguardos indígenas, sino también de otras comunidades étnicas, se ha advertido que el principal lunar en la implementación de los PDET en la región pacífica media fue sin duda la decisión de hacer una fusión con el PDET Alto Patía- Norte del Cauca y establecer la coordinación en Popayán, esto fue valorado por las organizaciones como una manifestación más del racismo institucional y por eso su principal reclamo es devolver la coordinación a la ciudad de Buenaventura donde encuentran mayores posibilidades de interlocución y gestión de recursos.
Hay que traer a colación que entre 2017 y 2019 hubo una reducción de cultivos ilícitos en la mayoría de resguardos indígenas con más cultivos de coca, pero hay que señalar que solo en el resguardo NUKAK-MAKU se implementó de manera importante el PNIS, entonces, las disminuciones en los resguardos no se deben a procesos de sustitución voluntaria.
Por otro lado, se encontró que hay 40 consejos comunitarios que al 31 de diciembre de 2019 se encontraban inscritos en el programa PNIS, los cuales se ubican principalmente en municipios de los departamentos de Cauca y Nariño (costa pacífica y piedemonte). Respecto a estos el informe de Pares señaló que de los veinte primeros consejos comunitarios con más cultivos de coca, solamente cuatro consejos comunitarios presentan reducción mientras que los otros 16 aumentaron las hectáreas sembradas en coca y en catorce de ellos no hay ninguna hectárea erradicada vía PNIS, por lo que los problemas de focalización y desbalance son evidentes.
En un panorama amplio en la ‘La implementación estancada del capítulo étnico’ se asevera que el PNIS, en general, continúa desfinanciado, de 1.200 Billones que se necesitaban para este año, solo apropiaron $300.000 millones. El gobierno no tiene voluntad de apostarle al PNIS, lo tiene agonizando, sus informes se caracterizan por contener lamentos sobre dificultades metodológicas y técnicas cometidas en sus inicios, pero sin propuestas o soluciones para mejorar y avanzar en su implementación.
Si el gobierno tuviera la intención de fortalecer el PNIS ya lo hubiesen hecho, si las cifras que dicen sobre la reducción de cultivos y la implementación del punto 4 del Acuerdo fueran ciertas, el problema de la coca estaría resuelto. Los impactos positivos se han dado más por la voluntad y el anhelo de las familias, de las comunidades étnicas de dejar de sembrar coca y transitar hacia otro tipo de cultivos y actividad económica.
