Por: Katerin Erazo, Periodista- Pares
A propósito de la audiencia única de verdad de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) realizó una entrevista con Jahson Andrey Taborda Casas, abogado de la Fundación Forjando Futuros, que representante de víctimas, incluyendo algunas afectadas por la violencia perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Ustedes como representantes de las víctimas del conflicto y especialmente de víctimas de la AUC, ¿cómo ven el panorama de las declaraciones que ha hecho Salvatore Mancuso?
El señor Salvatore Mancuso ha hecho dos declaraciones ante la JEP. En la primera habló principalmente sobre la creación de la Convivir de la AUC, mientras que en la segunda, abordó el relacionamiento de la organización con la fuerza pública.
Consideramos que las declaraciones de Mancuso reafirman lo que las víctimas demandan del Estado: el reconocimiento de la verdad y la responsabilidad por los hechos que han sufrido durante el conflicto en Colombia. Esto implica entender que el Estado no es un tercero aislado del conflicto, sino uno de los desencadenantes de las violencias más fuertes e infames que han sufrido las víctimas. Las declaraciones de Mancuso confirman lo que ya ha sido exigido por otras organizaciones civiles de víctimas y que ha sido objeto de discusión en el marco de Justicia y Paz.
Es importante destacar que el Estado no sería, como lo establece la ley 1448, en términos de indemnización, un responsable subsidiario en segundo plano, sino que es un responsable principal de estos hechos y de la degradación del conflicto. En general, creemos que estas declaraciones de Mancuso ofrecen un panorama claro sobre lo que las víctimas esperan del Estado en términos de justicia y reparación.
¿Cuál ha sido el papel de ustedes con las víctimas de la AUC?
La delimitación de la línea que establece quiénes son las víctimas de las AUC resulta difícil, ya que según las declaraciones del señor Mancuso, no queda claro que dichas víctimas fueron determinadas por el Estado, el empresariado e incluso las mismas comunidades. Por esta razón, es importante mencionar que nuestro papel con las víctimas de las AUC siempre ha sido abordando nuestro rol en el despojo de tierras. De hecho, Mancuso también mencionó ayer que esto implicaba una triada entre empresarios, Estado y AUC, inicialmente con la excusa de hacerle frente a la avanzada subversiva y, posteriormente, con el control social y político de grandes zonas del país.
Por lo tanto, el papel que siempre hemos desempeñado como representantes de las víctimas, en este caso de las AUC, ha sido en el tema del despojo masivo de tierras. También es importante decir que los grupos subversivos pueden haber participado en desplazamientos de comunidades, pero no tanto en el despojo de tierras, que es una figura distinta.
Es fundamental que reconozcamos que hubo un entramado criminal para el apoderamiento masivo de tierras con fines de control social y para el desarrollo de grandes proyectos empresariales, incluyendo bananeros, agricultores, vías, puertos y aeropuertos, entre otros. Es decir, hay una gran cantidad de información que también reposa en la jurisdicción de Justicia y Paz. En resumen, el papel que nosotros siempre hemos desempeñado y seguimos desarrollando con las víctimas de las AUC es reclamar la verdad que tanto necesita el país en cuanto a reconocer este entramado criminal.
¿Cómo ha sido el acompañamiento y la atención psicosocial para las víctimas de las AUC?
Nuestro acompañamiento se ha llevado a cabo en distintos procesos de la jurisdicción transicional, incluyendo Justicia y Paz en su momento, y ahora la jurisdicción de tierras o especialidad de tierras, ya que no es específicamente una jurisdicción. En la Justicia Especial para la Paz, nuestro papel más activo es un componente psicosocial muy fuerte, que ha sido acogido directamente para introducir los procesos judiciales, algo que se ha visto poco en la jurisdicción de tierras y Justicia y Paz. Nuestro papel ha sido principalmente la defensa de la tierra, y hemos trabajado en un proceso que se llama “Identificación de Daños y Conductas”, liderado por nuestro equipo psicosocial. Este proceso se realiza colectiva o individualmente, dependiendo de las necesidades, y se busca identificar el daño transversal de vida que deja el conflicto, en este caso, específicamente por las AUC.
Como ya mencioné, nuestro papel ha sido la defensa de la tierra, y en este proceso nos enfocamos en cómo se desarraiga al campesino, cómo se desestructura su familia, y cómo sus hijos e hijas pierden la relación directa con el campo. Este es un daño transversal y generacional que no solo quita la tierra al campesino, sino que también le quita parte de su vida y relación directa con su pasado y su formación ancestral. Es importante destacar que aunque la Corte Constitucional no ha determinado al campesino como un sujeto étnico, el campesino tiene una relación muy fuerte con la tierra. Por eso, nuestro acompañamiento se enfoca en la reconstrucción de ese tejido y la recuperación de esa memoria de lo que es la tierra, cómo relacionarse con ella, y cómo sus hijos pueden volver a querer sembrar.
La identificación de estos daños y conductas ha sido entregada a las magistradas y magistrados de Justicia y Paz y de la JEP, donde se reconoce que las víctimas no solo han sufrido daños físicos por la pérdida de algo de su cuerpo o un miembro de su familia, sino también todo este tema relacionado con la tierra y la relación hacia ella.
¿Cuáles son las principales demandas de las víctimas de la AUC en términos de reparación y justicia?
Con las víctimas de la AUC debemos entender que una víctima tiene varios componentes. Al hablar de reparación, debemos considerar que su concepto es más amplio y se relaciona con la restauración en sí misma. Las principales demandas de las víctimas son la recuperación de su tierra en caso de haberla perdido. Es muy importante que los procesos de restitución de tierras avancen. Queda absolutamente claro que la injerencia del Estado en la victimización de los territorios en Colombia, en particular de los campesinos y campesinas, requiere una respuesta urgente en relación a los procesos de restitución de tierras. No es posible que en un plazo de 10 o 15 años, en los casos en que está claro que el Estado tuvo una participación directa, se siga esperando la devolución de las tierras. Esta es una de las principales demandas de las víctimas, junto con la entrega de indemnizaciones a través de la Unidad para las Víctimas. Tampoco es posible que hoy estemos hablando de personas que esperan una reparación administrativa durante más de 20 años, cuando está claro que fueron desplazadas y despojadas.
En cuanto a la JEP, debo mencionar que la víctima es un concepto más holístico que requiere considerar tres especialidades distintas en cuanto a la justicia de reparación: Unidad para las Víctimas, Tierras y JEP. En el caso de JEP, estamos hablando de la verdad, la cual es un componente restaurador más que reparador. Lo restaurador hace referencia a la prevención de futuras violaciones y la no repetición del conflicto. En este sentido, la JEP enfrenta un gran reto tras las declaraciones de Salvatore Mancuso en cuanto a la verdad del actor estatal, incluyendo fuerzas armadas y fuerza pública en general. Salvatore ha señalado cómo la fuerza pública, de manera conspirada con el grupo criminal, ha causado un gran daño a las víctimas. En este sentido, reitero que el componente restaurador y el reto de la JEP en cuanto a la demanda de verdad es muy fuerte. Nunca debemos olvidar que las víctimas necesitan conocer la verdad. Es muy importante que se sepa por qué ocurrieron estos hechos, independientemente de si hay o no una revelación a través de organizaciones civiles o prensa alternativa. Lo importante es dejar constancia judicial de la responsabilidad del Estado en cuanto a la verdad.
¿Cómo ha sido el proceso de reparación para las víctimas de la AUC y qué desafíos han enfrentado?
Ha sido un proceso muy duro y, de alguna manera, frustrante en ciertos aspectos. El proceso de reparación para las víctimas de las AUC comenzó con la Ley 975 del año 2005, conocida como Justicia y Paz. Ahí fue donde empezamos a hablar de la reparación de las víctimas de las AUC. Estos procesos de reparación en Justicia y Paz han enfrentado grandes desafíos. El Estado lideró inicialmente el objetivo de devolver las cosas a su estado original, basándose en el concepto de justicia ordinaria. Cuando una persona es víctima de un delito, lo inicial es que se le devuelva lo que le fue arrebatado. Por lo tanto, el proceso de reparación ha enfrentado un paradigma muy fuerte: cómo devolver a las víctimas su estado inicial. Esto se planteó dentro del marco de la Justicia y Paz, y comenzamos con el tema del desplazamiento y la entrega de indemnizaciones. Quiero aclarar que estoy hablando en términos conceptuales de Justicia y Paz.
Este proceso ha sido un gran reto y desafío para las víctimas, ya que de alguna manera ha sido truncado. A las víctimas no se les ha reparado, no se les han devuelto sus territorios y no se les ha podido explicar por qué estos procesos de reparación no han cumplido con lo que exige la Ley 1448, que es resarcir el daño. En cambio, ha quedado un sabor amargo de que el proceso de Justicia y Paz ha servido más para justificar los hechos victimizantes. Si pudiéramos poner esto en una balanza, el proceso de reparación ha sido muy duro, con mucha frustración.
Cuando llegamos ya a la JEP, que nació en 2018 con los Acuerdos de La Habana, nos enfrentamos al proceso de verdad y a algo que la JEP está construyendo actualmente: los trabajos de contenido, reparación y restauración. Existe un concepto llamado “TOAR” que recoge las frustraciones de la Jurisdicción de Justicia y Paz. Agradezco a la JEP por sus esfuerzos, a pesar de las dificultades, ya que la JEP puede construir sobre la base de la Justicia y Paz. Este proceso de reparación deja de verse únicamente desde una perspectiva económica y se abarca un espectro mucho más amplio. El desafío radica en cómo se logra la restauración, que va de la mano con la agencia victimizante.
El proceso de reparación en Justicia y Paz ha tenido limitaciones significativas que no hemos logrado superar. Creemos que la Justicia Especial para la Paz es un enfoque más completo, aunque todavía no hemos abordado el desafío de la restitución de tierras, que es otro aspecto que las víctimas han enfrentado y que actualmente es complicado debido a las dificultades judiciales en términos de entrega. Es un desafío judicial. La JEP representa un componente más integral en este proceso. Pienso que aún quedan retos por enfrentar y hoy tenemos un poco más de esperanza con las palabras de Salvatore Mancuso. En particular, considero muy importante el caso 08, recientemente abierto en la JEP, donde podemos involucrar a muchos agentes del Estado, así como personas ajenas al Estado, para que podamos recuperar la memoria de la verdad y avanzar de manera definitiva en la restitución de tierras y en los pagos de indemnización.
¿Qué esperan las víctimas de la AUC de estas audiencias públicas en la que está testificando Salvatore Mancuso?
La JEP está permitiendo que las víctimas participen, incluso de manera directa, en las audiencias no solo de reconocimiento y verdad, sino también en la construcción de aportes de verdad. Las víctimas lo que están esperando de todo el aparataje de justicia transicional, en clave a lo que está testificando el señor Salvatore Mancuso, es responsabilizar de manera individual a las personas que intervinieron de manera directa en el conflicto. Y no solo se refiere a los integrantes de la AUC, ni a los integrantes de las FARC, ni a los integrantes de la fuerza pública, porque la base del conflicto termina siendo la misma. Un campesino que tenía un fusil para ponerse un brazalete de FARC, de fuerza pública o de AUC, es lo mismo. Lo que las víctimas reclaman es la identificación de empresarios, empresarias, políticos y políticas que terminaron siendo claves determinantes en el conflicto.
No solo se trata de la entrega, como lo decía Mancuso, de los famosos tres centavos por cada banano que se exportara. También se trata de personas que patrocinaron de manera directa, como se decía antes, por extorsión, pero después por convicción, a cualquier grupo armado. Aquí no tendríamos que hablar solamente de AUC, pero las víctimas sí reclaman que estas personas que hoy todavía están tras bambalinas, que han sido mencionadas en reiteradas ocasiones en la justicia ordinaria, en justicia de paz y en la JEP, y que el señor Mancuso dijo algunos nombres, como Francisco Santos y otros tantos, respondan al país. Simplemente, digan sí o no, y si no, por qué. Si es así, que acudan a los estados judiciales. Tienen todo el derecho de defensa, claro que sí, es un principio constitucional. Pero las víctimas sí reclaman, porque vivieron el conflicto, lo saben. Me voy a robar una frase de una víctima en un momento en que le estábamos haciendo algo que se llama traslado de jurisdicción especial para la paz. Me dijo: “a mí no me vengan a contar la verdad, porque yo la verdad ya la sé”, textual. Nunca se me va a olvidar, y es una alta sabiduría en lo que esperan de estos procesos. Las personas determinantes y no las determinadas, las que determinaron el conflicto y lo siguen determinando, deben responder al país y le responda a las víctimas.
