Tribunal de Barranquilla ordenó trasladar a presos hacinados en las estaciones de Policía

Por intervención de la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó trasladar a las personas privadas de la libertad (PPL) que se encuentran hacinadas en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Barranquilla y su Área Metropolitana.
Ante la impugnación del Ministerio Público, por haberse declarado improcedente la acción de tutela en busca de proteger los derechos de las PPL del departamento, la magistratura, en fallo de segunda instancia, amparó los derechos fundamentales a la dignidad humana, salud y alimentación de estas personas privadas de la libertad.
En este sentido la acción interpuesta por los procuradores judiciales Penales 353 y 207, en desarrollo de sus funciones de intervención, conllevó a que el Tribunal instara al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Gobernación del Atlántico y Alcaldía de Barranquilla a generar espacios de reclusión idóneos que garanticen el mínimo vital de las PPL.
Además el escrito señala que se ampara el derecho a la igualdad, al conocer que una PPL de la población LGTBI recibió “maltratado dentro de la sala de retenidos de la Estación de Policía San José, por lo que se ordena a la Alcaldía Distrital de Barranquilla tome las medidas necesarias tendiente a la salvaguarda de sus derechos, y en general a materializar el principio de enfoque diferencial y garantizar la vida e integridad física”.
Por esta razón, en la decisión, la magistratura pidió a las alcaldías de Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad, priorizar la prestación del servicio de salud, la entrega de medicamentos e insumos para las PPL que reporten enfermedades huérfanas, crónicas, congénitas, degenerativas; que estén en condición de discapacidad; mujeres en estado de embarazo, así como garantizar la vacunación contra el covid-19.
Por último, solicitó garantizar el suministro de alimentos para las personas privadas de la libertad de los centros de detención, sin interrupción y en cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias.