En el actual contexto político y social de Colombia, es crucial reconocer la importancia de construir un acuerdo nacional que respalde las iniciativas de cambio estructural y avanzar en el objetivo de alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Un acuerdo nacional no solo es vital para consolidar la gobernabilidad, sino también para abordar de manera efectiva las deudas históricas que el país ha acumulado desde antes de la promulgación de la Constitución de 1991 y luego de que esta entrara en vigor. A buena hora, el presidente Gustavo Petro designó al nuevo ministro del interior, Juan Fernando Cristo, como responsable de esta tarea.
Todas las expresiones sociales, políticas y económicas deben participar en espacios de diálogo, que hagan posible un nuevo acuerdo nacional con el fin de superar aspectos que ha socavado el progreso del país y que están relacionados, entre otros, con cuatro temas: la reforma política que reconozca la importancia del constituyente primario y su soberanía; la financiación de la educación pública, la investigación científica y tecnológica; la reforma agraria integral; y la garantía de derechos universales. Un acuerdo que debe cursar por diversas vías y a diferentes niveles, tanto territoriales como políticos y sociales, y que debe ser consolidado y refrendado haciendo uso de los mecanismos constitucionales, lo cual puede contemplar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
La Constitución Nacional, fruto del poder constituyente especialmente estudiantil y de los procesos de paz de finales de la década de los años 80 del siglo XX, nos prometió el desarrollo de la democracia participativa (democracia directa + democracia representativa); sin embargo, la democracia directa, el poder del constituyente y la soberanía que reside exclusivamente en el pueblo, en lugar de promoverse o garantizarse, han sido sobre reglamentados, debilitados y fraccionados, perdiendo su sentido como pilares esenciales para la construcción de una sociedad más democrática, inclusiva y justa.
La democracia directa empodera a los ciudadanos, aumenta su participación y asegura que las decisiones reflejen sus intereses y necesidades. Por su parte, el poder constituyente confiere una legitimidad democrática fundamental a las estructuras políticas y jurídicas, permitiendo la renovación y adaptación a nuevas realidades. A pesar de los desafíos que ambos conceptos pueden presentar, su correcta implementación y desarrollo pueden transformar positivamente la vida política y social de un país como el nuestro, inmerso en fenómenos como la corrupción, el narcotráfico, y en un conflicto armado interno que anualmente cobra cientos de vidas.
Otro de los pilares fundamentales de la Constitución fue la promesa de desarrollar progresivamente un sistema educativo público robusto, con un fuerte componente investigativo y accesible para todos los colombianos. No obstante, las sucesivas contrarreformas han despojado a la educación pública de más de 300 billones de pesos, erosionando significativamente su calidad y accesibilidad. Este desfinanciamiento no solo atenta contra el mejoramiento de la calidad de los docentes y el derecho a la educación en general, sino que también perpetúa la desigualdad social y limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional de millones de colombianos y colombianas, lo cual es bastante lamentable en momentos históricos de la globalización, el desarrollo de tecnologías para la informática y las comunicaciones y la llamada sociedad del conocimiento.
La reforma agraria, situada en el centro de la conflictividad social y política, es otro aspecto crucial que la Constitución de 1991 pretendió abordar de manera decidida. Sin embargo, las contrarreformas han anulado los mecanismos necesarios para su implementación efectiva. La distribución equitativa de la tierra sigue siendo una promesa incumplida, perpetuando la desigualdad y la violencia en las zonas rurales.
La concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes y su escaso desarrollo productivo, han sido barreras persistentes para la justicia social y el desarrollo económico en el campo colombiano. Según la Comisión de la Verdad, la concentración de la tierra es uno de los factores estructurales del conflicto colombiano. Un acuerdo nacional que apoye la implementación de una verdadera reforma agraria es esencial para lograr una paz duradera y el desarrollo sostenible en las zonas rurales.
La mercantilización de derechos fundamentales como la salud, la vivienda y la seguridad social ha creado barreras significativas para su acceso, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad. La Constitución también buscaba garantizar derechos universales para todos los colombianos. No obstante, estos derechos se han transformado en mercancías que generan grandes negocios, alejándose de su propósito original de garantizar el bienestar humano. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, miles de colombianos han muerto por falta de atención médica oportuna debido a las barreras impuestas por el sistema.
El Congreso colombiano ha fallado en desarrollar órdenes expresas de la Constitución en estos 33 años. La ley orgánica de ordenamiento territorial sigue siendo la de 1886, lo que demuestra una falta de actualización y adaptación a las necesidades contemporáneas del país. La reforma a la justicia, la reforma política y electoral ordenada por el Acuerdo de Paz de 2016, por ejemplo, aún no se han materializado, lo que evidencia una grave negligencia legislativa.
La igualdad de género también sigue siendo una deuda pendiente. A pesar de los avances legislativos, las mujeres continúan enfrentando discriminación en diversos ámbitos de la sociedad y el estado. Las minorías étnicas, sexuales y culturales siguen siendo marginadas y discriminadas. El Acuerdo de Paz con las FARC-EP no ha sido implementado de manera adecuada en aspectos cruciales como el progreso económico y social de los territorios excluidos. La implementación incompleta de este pacto ha limitado que Colombia avance hacia una paz definitiva y sostenible.
La crisis climática es otro desafío de gran envergadura que demanda un ordenamiento territorial alrededor del agua y la liberación de sus espacios. Colombia, siendo uno de los países más biodiversos del mundo, enfrenta graves amenazas debido al cambio climático, que afectan especialmente a las comunidades rurales y a los ecosistemas estratégicos. Un acuerdo nacional en la implementación de políticas ambientales sostenibles es esencial para mitigar los efectos del cambio climático, proteger los recursos naturales del país y aprovecharlos adecuadamente.
Finalmente, el camino de la paz definitiva es fundamental para sanar las heridas del conflicto armado y construir una sociedad más justa y equitativa. La reconciliación nacional requiere un compromiso genuino con la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas del conflicto. Un acuerdo nacional que respalde estos esfuerzos es crucial para avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y en paz, abordando de manera integral los desafíos históricos y contemporáneos que enfrenta la nación.
