Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
En cuestión de días, la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, a Estados Unidos será un hecho. Así lo determinó la mañana del 8 de abril el presidente de la República Iván Duque, luego del aval que le dio dos días antes la Corte Suprema de Justicia. Esta noticia, por supuesto, no sorprende a nadie, ni siquiera al mismo Otoniel, quien desde hace años esperaba, sin mucha alegría, pasar una temporada en las celdas del país del norte.
Lo que sí ha causado esta orden de extradición es tristeza y desesperanza entre las millones de víctimas del conflicto armado interno, justo 24 horas antes de conmemorarse el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Esta sufrida población, de nuevo, se encuentra ante una inminente situación de pérdida de oportunidades de verdad y de poder escuchar, de boca de uno de los protagonistas del horror, por qué ocurrió esta crueldad y la petición de perdón por el daño causado.
En máximo 10 días las víctimas verán como uno de los mayores artífices del dolor y sufrimiento que sienten se lo llevan del país; con el riesgo, incluso, de no volverlo a ver jamás. Extraditarán al máximo jefe del Clan del Golfo –renombrado por las autoridades como el Clan Úsuga y autodenominado Autodefensa Gaitanistas de Colombia (AGC) –. El Gobierno norteamericano se llevará muy pronto la posibilidad de conocer la verdad de uno de los hombres dirigentes de los grupos armados más letales del país.
Una situación que se repite sin cesar desde hace décadas; pues es costumbre que el Estado colombiano permita que otras naciones judicialicen a los mayores criminales del país, y en casi todos los casos, por delitos de menor gravedad que los cometidos aquí. Así pasó con Daniel Rendón, alias ‘Don Mario’, uno de los más importantes jefes de las bracrim en Colombia; y también con Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias ‘Nicolás’ –el segundo al mando de la organización criminal de Otoniel– quien fue capturado hace cuatro años y extraditado hace poco.
Y pasará nuevamente con el actual capo del Clan del Golfo, quien, a pesar de que tiene 122 órdenes de captura y seis sentencias condenatorias –dos de ella de 40 y 50 años de prisión por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores–, se le extraditará por un par de delitos de narcotráfico según dos cortes de Estados Unidos.
Desde el sábado 23 de octubre de 2021 lo espera en el Aeropuerto Catám de Bogotá un avión, el mismo que todos los días espera para transportar las personas que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) pide en extradición. Y se irá con el hombre que ha participado en casi todas las guerras recientes del país; pues son tres décadas y media de historia, donde, desde los 16 años de edad, se ha involucrado con varias organizaciones armadas ilegales más grandes del país: el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y ahora las Autodefensa Gaitanistas de Colombia (AGC).
Historial de guerra que nos sería muy útil conocer desde la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Organización última que, a pesar de no admitirlo como compareciente, por el momento, desea enormemente que este contribuya a entregar verdad y justicia a las víctimas del país, debido al conocimiento que tiene de los macrocasos de la región de Urabá (Macrocaso 04) y el de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado –Falsos Positivos– (Macrocaso 03) que esta organización investiga.
En síntesis, se irá el asesino de líderes sociales y de centenares de ciudadanos. Se llevarán del país a uno de los mayores responsables de reclutamiento de menores y violación de derechos de niños, niñas y adolescentes. Extraditará el Gobierno al responsable del desplazamiento de miles de familias. Trasladarán a Estado Unidos a un hombre clave sobre el conflicto armado y a una persona que podría aportar mucho a la verdad, la justicia y la reparación en Colombia.
Y dejarán, por supuesto, a las víctimas con su tristeza, con su desilusión con el Estado y la justicia colombiana. Y permanecerán en el país los ciudadanos que tienen el deseo de conocer las razones del porqué se cometieron tantos delitos –homicidios, secuestro múltiple, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, porte de armas, terrorismo, tortura y conformación de grupos armados, entre otros–.
Situación que ocurre en un momento crucial para el país: uno donde la Comisión de la Verdad y la JEP están intentando reconstruir la historia sobre los cientos de crímenes cometidos por los diversos grupos armados, entorno a la guerra con las Farc-ep. Un momento donde las víctimas claman y merecen justicia, y donde se ansía que pare el terror en todo el país.
