En febrero de 1988 una delegación de la UP de Montería se reunió de urgencia en Bogotá con el recién nombrado Procurador General de la Nación Horacio Serpa Uribe para poner en conocimiento de las autoridades un plan de exterminio en el departamento de Córdoba.
De la delegación hacían parte los abogados Alfonso Cujavante Acevedo, Geminiano Pérez, Felipe Zapata Herrera, quien presidía el Comité de Defensa de los DDHH y el líder sindical de la CUT Francisco Dumar Mestra.
“Nos van a matar”, le dijo Cujavante al Procurador reclamando acciones del Estado para proteger la vida de los líderes de la UP. Serpa prometió trasladar las denuncias al presidente Virgilio Barco Vargas, al ministro de Gobierno César Gaviria y al Ministro de Defensa, General Rafael Samudio Molina.
La delegación regresó a Montería con la esperanza de que la gestión del Procurador tuviera efecto. Eso no ocurrió, por el contrario, el 28 de febrero le hicieron un atentado en su casa en Cereté al candidato a la Asamblea Geminiano Pérez, que dejó un muerto y tres heridos, el 15 de marzo mataron a Alfonso Cujavante que acababa de ser elegido concejal de la UP en Montería y en abril fue asesinado Francisco Dumar.
Después mataron al profesor universitario Boris Zapata, al dirigente Gustavo Guerra, al presidente de la UP Teodoro Medrano, al periodista Osvaldo Regino Pérez, al docente Rafael Duque Perea, al líder sindical FermÍn Meléndez Acosta y alrededor de 300 personas más.
En el entierro de Cujavante habló Francisco Dumar, en el entierro de Dumar habló Gustavo Guerra, en el entierro de Gustavo habló Teodoro Medrano, en el entierro de Teodoro no habló nadie…
Pocas personas sobrevivieron a este exterminio, porque se desplazaron o se fueron al exilio.
La protección que anunció el presidente Barco nunca funcionó.
