Varias EPS habrían realizado malos manejos de los recursos que les Estado les entrega para la atención de los pacientes. Las inconsistencias identificadas por los organismos de control superan los nueve billones de pesos y las alertas ya encendieron la posibilidad de investigaciones penales.
La fiscal general Luz Adriana Camacho se reunió con el contralor en funciones (e) Carlos Mario Zuluaga para conocer los informes respecto al manejo de los dineros públicos de la salud por parte de las EPS. El jefe del ente de control advirtió que habría irregularidades en varias de las aseguradoras, respecto al manejo de la unidad de pago por capitación (UPC).
A raíz de las alertas que entregó la Contraloría, la fiscal general ordenó que se conforme un equipo especial de fiscales, expertos, peritos de finanzas criminales, criminalidad organizada y seguridad territorial para que se encarguen de analizar la información y verificar las inconsistencias en los recursos de la UPC.
En la reunión, también se definió que la Fiscalía y la Contraloría trabajarán de la mano para defender los recursos de la salud. La primera acción será verificar cuánto y en qué se han gastado los recursos del Estado las EPS del país y determinar si hay hechos delictivos o irregularidades.
El organismo de control le ha hecho seguimiento a los recursos de las EPS. Incluso, su alerta sobre las reservas técnicas en las que solo cumplieron cinco entidades generó una profunda revisión por parte del Gobierno nacional y ha sido la base para las intervenciones de la Superintendencia de Salud.
Sin embargo, los hallazgos no se quedaron únicamente allí. La Contraloría, de acuerdo con Cambio, le hizo seguimiento al uso de la UPC por parte de las EPS, lo que generó una nueva alerta debido a que 18 de esas compañías habrían gastado casi 9 billones en conceptos no autorizados.
La norma establece usos específicos para los dineros que reciben las EPS del Estado en términos de UPC, como la mayoría de medicamentos y algunos tratamientos. Invertir esos recursos en el pago de otros servicios es una irregularidad que conlleva sanciones.
Dentro del análisis de la Contraloría se habrían identificado desvíos de recursos de la UPC para el pago de servicios, aparentemente inexistentes, entre estas empresas y las propias clínicas de su grupo empresarial, lo que se conoce como integración vertical.
Habría casos de mayor gravedad. De acuerdo con el medio citado, la auditoría también concluyó que hubo pagos de inmuebles, honorarios personales y hasta infraestructura, los cuales podrían acarrear investigaciones por presunta corrupción.
El presidente Gustavo Petro se habría referido a través de sus redes sociales a los posibles desvíos en el uso de la UPC. “El solo hecho que personas con capacidad de pago paguen con sus recursos la medicina prepagada pero cuando necesitan alguna intervención la EPS la financie con los recursos públicos implica un robo al ciudadano que paga la prepagada y un robo al Estado”, señaló el mandatario.
Las denuncias también habrían sido expuestas por el contralor (e) Zuluaga ante una sesión técnica de la Corte Constitucional para estudiar el cálculo de la UPC. Allí reiteró que desde la entidad se han emitido fallos de responsabilidad fiscal por $1.3 billones en contra de las EPS que han hecho malos manejos de esos dineros públicos y que se trabaja en coordinación con la Procuraduría y la Fiscalía para que asuman los hechos identificados que revisten delitos.
“No vamos a parar. Iniciaremos mesas técnicas con la participación de diferentes entidades para socializar los informes presentados y discutir posibles acciones conjuntas. La CGR seguirá presentando informes sobre las irregularidades encontradas en este sector”, señaló el contralor.
