Luego de haber sufrido un atentado criminal el pasado 25 de febrero, el abogado Álvaro Morón Cuello, rompió el silencio ante comentarios que lo señalan de estar relacionado con grupos al margen de la ley y que por esta razón habría sido atacado cuando se encontraba dando un pésame en la funeraria Recordar de Valledupar en compañía de su esposa.
Morón Cuello, fue atacado a tiros por sujetos motorizados, en el momento en que salía de la funeraria por hombres, quienes sin mediar palabras le dispararon en varias ocasiones, por fortuna solo un proyectil dio en la humanidad del jurista.
Por este hecho, en ese entonces las autoridades ofrecieron una recompensa para dar con al paradero de los autores materiales e intelectuales del atentado que por poco acaban con la vida de este distinguido abogado.
El excongresista publicó en Semana.com una carta titulada ‘Valledupar bajo fuego’, en el que resaltó que nunca ha estado involucrado ni investigado, judicial o disciplinariamente, por actos de corrupción como servidor público.
A continuación el escrito que publicó Morón Cuello en el medio nacional:
“Por el atentado del que fui víctima el 25 de febrero de este año, cuando sicarios me dispararon junto con mi esposa, y a pesar del estado crítico en que quedé, por causa de varías balas que me impactaron en el pecho, fue salvada mi vida, gracias a la misericordia de Dios, con la oportuna y eficiente atención médica en la clínica Cardiovascular. Segundo. Por las amenazas en subsiguientes pasquines donde me señalan de manera temeraria e infame como coautor de actos de corrupción, testaferrato y usurpación de tierras en complicidad con grupos delictivos. Porque lo anterior, ha puesto en cuestión los bienes más preciados de un ser humano: mi vida e integridad física y la de mi familia, mi dignidad, mi honor personal, mi reputación profesional. Además, en un estado de degradación tremenda, porque esas falsas imputaciones que me hieren, comportaría la más triste negación de todos los compromisos deontológicos y políticos que puse como norte de mi vida profesional y personal. Nunca he estado involucrado ni investigado, judicial y/o disciplinariamente, por actos de corrupción como servidor público, Juez de la República, docente universitario, ciudadano y abogado litigante por casi 40 años.
Es un hecho notorio, fui judicializado injustamente por los sucesos de la parapolítica, en las elecciones de Congreso del año 2002, cuando ni siquiera fui elegido. Aún tengo vigentes el ejercicio de derechos en otras instancias judiciales, nacionales e internacionales, por una rectificación de la justicia, donde con vigor pretendo reivindicar mi inocencia. Debo recordar, que, en 2002, como víctima, fui el único colombiano, que valientemente, denuncié y demandé, por escrito, ante el Consejo Nacional Electoral, Consejo de Estado, Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación, la intromisión e imposición de candidatos por grupos ilegales en las elecciones de ese año. No soy propietario ni poseedor de predios rurales como se puede constatar en cualquier Oficina de Instrumentos Públicos. Tampoco ganadero o agricultor.
No soy accionista o representante legal o directivo de ninguna sociedad comercial, pudiéndose averiguar en la Cámara de Comercio. Mis ingresos personales, cuando no he estado en el servicio público, han sobrevenido, siempre, de mi ejercicio profesional como abogado, como se puede verificar ante la Dian.
No he sido jamás de los jamases, abogado de paramilitares ni de guerrilleros, menos de miembros de bandas criminales, no he apoderado a nadie en procesos judiciales relacionados con restitución de tierras, ni de reparación integral a víctimas del conflicto armado. No litigo en la jurisdicción penal. Por mi talante severo y ético, a veces irreverente, vehemente, he fustigado, por décadas, la corrupción administrativa a través de los medios y en mis discursos políticos, defendiendo lo público y señalando, con nombres propios a presuntos responsables. En mi desempeño del derecho, dado mis posgrados, defiendo y apodero, preferentemente, en las jurisdicciones civiles y de familia, a personas que reclaman justicia en derechos patrimoniales y herenciales.
Comprendí, con el tiempo, que el proceso judicial, que me montaron años atrás, fue para atajarme políticamente. Y después, del intento de homicidio perpetrado hace siete meses, he inferido, que mi crimen pretendía mi retiro definitivo de la política y el de mi ejercicio profesional como abogado, por mi proceder moral e insobornable. Asimismo, fue un mensaje para que familiares cercanos desistieran de cualquier aspiración electoral. Deploro y condeno la violencia y el estado de criminalidad que arropa a mi Valledupar, territorio donde actualmente me siento intimidado y amenazado con mi familia, por mi fallido asesinato que intentarán completar y luego que, en panfletos, me magnifican, perversamente, como un siniestro corrupto asociado a bandas criminales. Posterior a mi atentado, me he subordinado a un silencio estoico, por mi seguridad y la de mi familia. Debo informar, que este será, por ahora, el único pronunciamiento público que haré para no interferir en las investigaciones que adelantan los operadores judiciales del Estado. Imploro la comprensión, de esa decisión”.
