Las comunidades de Arauca se levantan nuevamente para reclamar atención a sus reivindicaciones, el pueblo del Catatumbo reclama respuestas contundentes a sus demandas, congresistas que obedecen más a los intereses privados que a sus electores, hacen fracasar el trámite debatido de las reformas, la oposición marcha para enfrentar al Gobierno del Cambio, e indígenas ocupan ilegalmente haciendas en el Cauca para reclamar el dominio ancestral sobre el territorio, mientras, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, continúan los asesinatos de líderes y lideresas sociales.
Este es parte del panorama de una sociedad que coincide, consciente o inconscientemente, en el llamado urgente de perfeccionar la democracia y adecuarla a los tiempos de la tecnología. Una nueva democracia, basada en la Constitución Política Nacional, que sirva para transformar pacíficamente los conflictos sociales, políticos y económicos, y superar los dogmas que nos separan e impiden transitar hacia una mejor sociedad.
No en vano, los acuerdos de paz de la década de los años 80 del siglo pasado, giraron alrededor de lo que se llamó la Apertura Democrática y Participación Ciudadana para la toma de decisiones trascendentales, acudiendo a la receta de la soberanía popular. Ese esfuerzo de paz con algunos de los grupos insurgentes de la época, desembocó en una de las mayores expresiones democráticas a que acude la sociedad cuando está en crisis, una Asamblea Nacional Constituyente; sin embargo, como se ha dicho en repetidas ocasiones, el contrato social de 1991, no logró en su aplicación, concitar la voluntad de todos los sectores sociales, en especial, de aquellos acostumbrados a ejercer sobre las y los excluidos, el poder de la representatividad y de la economía, y de algunos sectores políticos que fortalecieron las propuestas armadas, para imponer un modelo social alejado del Estado Social de Derecho.
El sueño de una democracia más participativa, tanto en lo económico, como en lo social y lo político, se fue desvaneciendo en los pasillos del congreso, en las sedes clandestinas y en los clubes sociales. Hoy nuevamente, el tema de la participación social, que no es otra cosa que recurrir al uso de canales democráticos para transformar el Conflicto Armado Interno, se pone al orden de día, sean estos canales reconocidos como parte del andamiaje del régimen o que emerjan de los procesos sociales. En todas las mesas de acercamiento y de diálogo con los Grupos Armados No Estatales, aparece de forma recurrente el tema de la participación de la sociedad.
Desde la mesa de diálogo con el ELN, se convocó y se está estructurando, con sus debidos reglamentos, el llamado Comité Nacional de Participación- CNP, y se avanza en la declaratoria de un cese bilateral al fuego de carácter temporal. Ambos acuerdos deberán coincidir en su implementación, si queremos ampliar los alcances de los mismos y avanzar rápidamente hacia el punto de no retorno, lo que involucra, aunque parezca difícil de lograr y algunos recurran a los mensajes mal intencionados, discutir y acordar mecanismos que hagan posible, mientras se logra la firma de un acuerdo definitivo que ponga fin a la confrontación armada, que los grupos armados no sigan recurriendo a la extorsión, la amenaza, la voladura de oleoductos y el secuestro para hacerse de recursos y destinarlos a financiar la sostenibilidad de la tropa.
La sociedad no puede ser inferior al reto que se está iniciando. Hay que rodear el proceso de paz, independientemente de las incertidumbres que genera, y una vez se abran los espacios de diálogo social que el CNP deberá diseñar en los próximos meses, participar, deliberar, proponer, concertar y decidir; no se tratará, solo de poner en práctica un mecanismo de participación, que logre generar acuerdos sociales para transformar las causas estructurales y las consecuencias que originan y retroalimentan el conflicto armado, se trata también de, aprovechar una oportunidad novedosa, para hacer posible que el poder de decisión del pueblo, tome las riendas de los acuerdos que se pactarán en las mesas de diálogo, y que este nuevo escenario, marque el camino para hacer efectiva la voluntad popular en la construcción de su futuro y de su presente.
Estaremos el próximo año estrenando gobiernos municipales y departamentales, pero también, tenemos el inmenso reto de implementar la metodología que proponga el CNP y que definirá la mesa de diálogo con el ELN, para convertir estos mecanismos participativos, en una fórmula amplia y ambiciosa que, debería ser asumida, teniendo en cuenta las realidades urbanas y territoriales, por las demás mesas de diálogo que se adelanten con las otras guerrillas y grupos armados; se trataría, no solo de reconocer la importancia del mecanismo que se logre diseñar en el escenario con los Elenos, sino fundamentalmente, de demostrar por parte de todas las demás estructuras armadas, guerrilleras o no, el compromiso que asumirán para la construcción de paz, de tal forma que la sociedad y sus organizaciones sientan que, todos y todas estamos trabajando del mismo lado para salir definitivamente de tantos años de violencia y de pobreza.
Lo que se avecina es una gran laboratorio de participación y democracia, que servirá para asumir la complejidad de la transformación del conflicto armado interno, pero que marcará desde la praxis, como todo experimento, el camino de las reformas políticas que harán posible que la democracia representativa se actualice en beneficio del poder y control ciudadano, y que la democracia directa ocupe el lugar que le corresponde, fundamentalmente en la elaboración de planes de desarrollo prospectivos que, involucren proyectos y estrategias acordadas por todos los sectores sociales, y por supuesto, incluya el poder de decisión popular en la definición de los presupuestos que se requieren, haciendo a su vez posible, el sueño de la descentralización política y administrativa, los mismo que el gobierno propio y la autodeterminación de los pueblos étnicos.
Vamos por más y por mejores condiciones de vida, y para eso tendremos que recurrir a las experiencias populares, algunas de ellas exitosas, y que fueron perseguidas y destruidas por quienes creen más en el llamado Estado de Opinión, que en el Estado Social de Derecho. Recuperar o potenciar procesos de soberanía popular y ciudadana, como las Asambleas Municipales y Departamentales Constituyentes por la Paz, las Asambleas Populares y Territoriales de Paz, los Cabildos Ciudadanos con poder de decisión, los Consejos Comunitarios o el Gobierno propio de los pueblos étnicos, y tantas otras experiencias que pretendieron o luchan por hacer posible el sueño de la territorialidad de paz. En el saber de la gente está la semilla de la democracia participativa, la reorganización administrativa y la descentralización, que harán posible la paz territorial y nacional.
Las organizaciones sociales seguramente continuarán fortaleciendo desde el progresismo, los mecanismos de coordinación y acción para la paz, la justicia social y la equidad, los gremios económicos deberán abocarse a construir propuestas que hagan posible un mayor nivel de productividad y un menor nivel en la violación de los derechos laborales, y los partidos deberán reflexionar la reforma política, pensando más en la gente, que en perpetuarse en el poder y mantener los vicios crónicos de la democracia colombiana, ligados a la corrupción y el clientelismo. Todas y todos deberíamos pensar en cómo salir del narcotráfico y de las economías ilegales a las que este nos llevó, cómo superar la cultura de la violencia y el todo vale, en especial contra las mujeres, la población LGBTIQ+, los niños y las niñas, cómo vivir armónicamente en las ciudades y veredas, y cómo pactar el cese de las violencias contra la naturaleza que ponen en riesgo la sobrevivencia de la especie humana.
