La Contraloría General de la República vinculó al proceso fiscal que adelanta en el caso de Centros Poblados, a Emilio Tapia Aldana, por su presunta incidencia y contribución en la consecución de la garantía bancaria falsa y la pérdida de más $70 mil millones girados en calidad de anticipo a la Unión Temporal que adelantó el contrato.
Igualmente fueron vinculaos Juan Carlos Ángel Cáceres, Juan José Laverde Martínez, Jorge Alfonso Molina García Mayorga y José Rafael Lastre Vergara.
De acuerdo con el ente de control fiscal este proceso se abrió a mediados de agosto pasado, en cuantía estimada de $70.243 millones, por las irregularidades en la planeación adelantada por FunTIC en el trámite de la licitación FTIC-LP-038 de 2020, así como en el manejo del anticipo y ejecución del contrato 1043 de 18 diciembre de 2020 resultado del proceso licitatorio.
Dicho contrato, suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados, tiene por objeto la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet en 14.745 Centros Digitales en zonas rurales de los 32 departamentos del país.
La Contraloría investiga también las irregularidades en el control y seguimiento adelantado por la interventoría, con ocasión del contrato 1045 de 2020.
