La Corte Constitucional, a trav\u00e9s de la Sentencia T-029 de 2025, orden\u00f3 la reapertura del incidente de desacato contra el Grupo Empresarial Prodeco S.A. tras determinar que no se garantiz\u00f3 un verdadero proceso de participaci\u00f3n en el cierre de las minas Calenturitas y La Jagua, ubicadas en el departamento del Cesar.<\/p>\n

El alto tribunal concluy\u00f3 que el Juzgado S\u00e9ptimo Administrativo de Valledupar vulner\u00f3 el derecho al debido proceso al dar por cumplido el requisito de participaci\u00f3n con una sola reuni\u00f3n de socializaci\u00f3n realizada en noviembre de 2022 en los municipios de influencia. Seg\u00fan la Corte, esta acci\u00f3n no fue suficiente para garantizar la consulta y el acuerdo con las comunidades afectadas, como lo exige la normativa vigente.<\/p>\n

La tutela que origin\u00f3 este pronunciamiento fue interpuesta por sindicatos y organizaciones locales, que denunciaron la falta de mecanismos efectivos de participaci\u00f3n en la planificaci\u00f3n del cierre de las minas. Los accionantes sostienen que no se ha cumplido con las obligaciones ambientales ni con la restauraci\u00f3n del territorio, lo que pone en riesgo la calidad de vida de las comunidades afectadas.<\/p>\n

Prodeco, que operaba las minas hasta su cierre en 2021, era propietario de los t\u00edtulos mineros, as\u00ed como de la infraestructura ferroviaria y el puerto de exportaci\u00f3n de carb\u00f3n. En su operaci\u00f3n, la empresa generaba m\u00e1s de 4.500 empleos, de los cuales m\u00e1s de 3.600 correspond\u00edan al Cesar.<\/p>\n

La acci\u00f3n legal fue dirigida contra el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Miner\u00eda, el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, entidades se\u00f1aladas de no garantizar el derecho a la consulta previa y la participaci\u00f3n ciudadana en el proceso de cierre.<\/p>\n

Los derechos fundamentales que la Corte identific\u00f3 como vulnerados incluyen la consulta previa, el acceso a la informaci\u00f3n, la transparencia, la libertad de expresi\u00f3n, el derecho al territorio, la diversidad \u00e9tnica y cultural, la alimentaci\u00f3n, el medio ambiente y la cultura. En consecuencia, orden\u00f3 que se realicen nuevas instancias de concertaci\u00f3n con las comunidades y trabajadores mineros para garantizar un cierre responsable de las minas y la restauraci\u00f3n del ecosistema afectado.<\/p>\n

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