Un país con profundas desigualdades sociales como Colombia, marcado por el conflicto armado interno más prolongado del mundo, lo que a su vez genera polarización y debate, genera inevitablemente preguntas sobre el papel que cumplen o deben cumplir los ricos en la construcción de la paz y, por ende, en la superación de la pobreza y las inequidades. ¿Pueden ser los ricos aliados o enemigos en la construcción de una paz integral, duradera y estable?
No se puede negar que algunos ricos-ricos, muy pocos para mi gusto, pertenecientes al pequeño círculo de empresarios y de capital financiero, han contribuido con las intenciones de los gobiernos en la construcción de la paz. Sin embargo, aunque han apoyado con la inversión de capital y la implementación de proyectos en algunas zonas tradicionalmente afectadas por la exclusión y la pobreza, estas iniciativas han estado más enfocadas en los intereses del empresario que en las necesidades de las comunidades.
En la mayoría de los casos, la participación activa de las personas del común en las decisiones de la planificación y ejecución de los proyectos, o en la identificación de planes de responsabilidad social empresarial, que son fundamentales para la construcción de paz territorial y estabilidad social, ha sido periférica y en ocasiones nula. Limitándose exclusivamente al interés de la empresa en obtener una licencia ambiental.
Ahora bien, ante la profundidad del fenómeno de la violencia armada, ante la crisis de producción local y generación de empleo, como resultado de políticas económicas (cargas impositivas altas, escaso o nulo acompañamiento, respaldo y desarrollo tecnológico, etc.) que no distinguen a la hora de respaldar, promover o incentivar la economía, entre pequeñas y medianas empresas creadas por la clase media (alta, media o baja) y las creadas por los grandes capitalistas o el capital golondrina, y ante la crisis de las políticas económicas heredadas, que ha conducido a la exclusión y el empobrecimiento de millones de compatriotas, se requieren nuevas estrategias económicas y sociales que hagan posible una mayor certidumbre de quienes desde la iniciativa local promueven empresa y crean empleo.
El país demanda una política de generación de empresas (rurales y urbanas) inclusive para participar en la implementación de políticas públicas, más ligadas a la iniciativa colectiva, solidaria y popular, de la mano de las y los profesionales jóvenes y dueños de capital criollo, y requiere, de aquellos que se reconocen, por tradición y estatus heredado, como empresarios tomadores de decisiones, más compromiso, más generosidad, más oportunidades, menos espíritu monopolista, aunque esto represente, a corto plazo, una tasa de retorno de inversión más lenta o menos ganancias que las proyectadas.
Más allá de lo estrictamente económico en términos de inversión de capital y generación de plusvalía, se requiere que tanto los ricos más ricos colombianos o con inversiones en Colombia (casi todos asentados en el extranjero), los ricos emprendedores y la franja de profesionales creativos, que se enfrenta día a día al poder monopolistas de los primeros y a las condiciones adversas que el Estado y el entorno le imponen, tomen la decisión, sin ambages, ni mezquindad, de participar en los escenarios que se abren a propósito del Plan de Participación acordado para sacar adelante el proceso de paz con las guerrillas del ELN. Allí se podrá opinar y proponer nuevas iniciativas de carácter político, tributario o económico que hagan posible el fortalecimiento de la economía criolla. No hay que tenerle miedo a la democracia directa y menos a la democracia participativa.
Las condiciones de inestabilidad social y política, las equivocadas decisiones de una oposición poco reflexiva, que considera a la paz como una bandera del gobierno a la que hay que oponerse sin consideración, requieren por parte del sector productivo y empresarial en todas sus expresiones, una actitud responsable con la sociedad, involucrando un verdadero y genuino compromiso político con la justicia social y la equidad; esto incluye necesariamente, su vinculación a la construcción, mediante un diálogo abierto y honesto, de un Gran Acuerdo Nacional que fortalezca la democracia, la justicia y el establecimiento de un sector empresarial robusto en términos de calidad, diversidad y cantidad.
Es urgente adelantar una cruzada nacional y territorial contra la corrupción privada y pública en todas sus expresiones, con ejercicios de rendición de cuentas sobre los recursos públicos que maneja el sector privado, una unidad de acción contra el contrabando, el lavado de activos, la evasión de impuestos, el narcotráfico, la minería ilegal y depredadora, el tráfico de especies y la trata de personas.
La implementación de soluciones a las problemáticas internas, no es una tarea solo del pueblo y de las clases medias tradicionalmente víctimas de las violencias. Los grandes y privilegiados tomadores y tomadoras de decisiones empresariales, que también dominan parte del escenario político y de medios de comunicación, así como velan con todo su derecho, por mantener vivas a sus empresas, también deben velar por la democracia y la participación ciudadana. No está bien que exijan compromisos a la nación mientras algunos son señalados de financiar campañas políticas para luego constreñir veladamente la independencia del Congreso de la República y, por esta misma vía, intervenir el poder ejecutivo y judicial.
La paz y la democracia claman por la implementación de la Reforma Rural Integral que haga productivo el campo, que armonice la labor del productor agropecuario con los intereses de los campesinos y campesinas; el país reclama más y mejores políticas de bienestar que garanticen salud y educación adecuadas para quienes habitan los cinturones de miseria en campos y ciudades; por más y mejor investigación científica que haga posible la soberanía nacional y el mejoramiento tecnológico y productivo de las empresas nacionales. El país requiere transitar hacia la producción de energías limpias amigables con el ambiente, apoyándose en el potencial hidrográfico de nuestros territorios.
La promoción de la inclusión social y el apoyo a políticas públicas que reduzcan las desigualdades, son pasos indispensables para el logro de la Paz. En momentos de crisis permanente como la que vive nuestra Colombia, solo el diálogo, el encuentro sincero y transparente podrán hacer posible que los fusiles se silencien. Unamos nuestras voces para construir país, rompamos los abismos que nos separan y hagamos posible una nueva democracia para que las deliberaciones amplias iluminen el oscuro salón donde se reúnen la pobreza, la componenda y la corrupción.
