La muerte de los cinco niños yukpa en el resguardo Iroka, municipio de Agustín Codazzi, Cesar, sigue siendo un misterio para las autoridades indígenas, quienes inicialmente cedieron las investigaciones a la justicia ordinaria, confiados en el pronto esclarecimiento del caso que ha generado repudio y conmoción en la Nación, pero a la fecha no han obtenido respuestas y muy por el contrario, están vulnerando los acuerdos logrados.
En tal sentido, a través de un comunicado suscrito por seis Gobernadores del Cabildo del Pueblo Yukpa, anunciaron la ruptura de las relaciones con la justicia ordinaria asegurando que la “institucionalidad los dejó solos en la tragedia ocasionada por el homicidio de nuestros cinco niños yukpa. Las relaciones de nuestra jurisdicción indígena con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses están rotas”, se lee en el escrito.
Aseguran que hasta el momento solo han recibido el respaldo de la viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, Lilia Solano, así como las actuaciones de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Cesar, los cuales han proferido sentencias a favor del pueblo yukpa.
“Pese a los compromisos adquiridos con los altos dignatarios de Colombia, han pasado 16 días de que nuestros niños fueron asesinados y no nos hemos reunido con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, con el presidente Gustavo Petro, con el director del Instituto de Medicina Legal, Jorge Jiménez y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Harman Ortiz”.
Reiteran que al momento de la entrega de los cadáveres de los menores, se acordó con Medicina Legal la entrega a las autoridades indígenas de los resultados de los estudios forenses realizados a los cinco cadáveres, otro punto que tampoco se ha cumplido y el día 9 de abril, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de un oficio emitido a las autoridades indígenas notificó que “ una vez se obtengan los resultados, se procederá a remitirlos a la Fiscalía General, entidad que asumirá directamente la investigación del caso, dejándonos ver que no realizará la entrega del informe al pueblo yukpa incumpliendo los compromisos y su palabra de caballero”.
Ante esta situación el pueblo indígena yukpa anuncia al Consejo Superior de la Judicatura y a la Corte Constitucional la suspensión de la entrega de abundantes pruebas que “hemos recaudado durante estas dos semanas, así como también que están rotas las relaciones y la colaboración entre la justicia ordinaria y la justicia propia, hasta que se de la reunión con las entidades de gobierno para abordar el esclarecimiento de estos hechos y se esclarezcan las causas de la muerte de los cinco niños indígenas.
